Ya les pasó a casi todos. Hasta los que más se quejan ahora, que no tienen responsabilidades de gobierno. Juan Schiaretti se ha sumado formalmente, si es que no se había sumado antes, a la lista de los que confunden lo público con lo propio.

La operación de traslado de la Casa de Gobierno se hace con los criterios de ese error conceptual. Por eso, los funcionarios provinciales balbucean cuando les formulan algunas de las tantas preguntas sin respuestas: por qué hacer una doble mudanza, por qué no esperar que finalicen las obras del Centro Cívico (que sale más de 400 millones de pesos; algo menos de la mitad en la primera etapa), por qué gastar en alquiler cifras millonarias por unos meses, por qué no esperar para empezar el Parque de las Tejas.

La gran cantidad de voces que emergen estos días para cuestionar y proponer alternativas para el amplio predio de barrio Nueva Córdoba revela el nulo debate que hubo alrededor de esta operación. Una mayoría automática levantó la mano en la última sesión del año de la Legislatura para aprobar el futuro paseo. Valga como elemento curioso: sólo el peronismo aprobó demoler uno de los principales íconos arquitectónicos cordobeses del peronismo.

En su confusión de público y propio, Schiaretti tomó una decisión muy delicada: prohibió la toma de fotografías de la sede gubernamental que será demolida. ¿Qué llevó al gobernador a vedar las imágenes periodísticas del edificio que debería ser el más público de los sitios públicos?

Tampoco hubo respuestas coherentes. Sólo algunas conjeturas. Una de ellas es que se ha invertido en los últimos tiempos mucho dinero en la Casa de las Tejas en remodelación de oficinas, algunas de ellas recientemente terminadas y otras sin terminar. Con lo cual quedaría expuesto otro elemento que revela el gasto dispendioso en la operación, ya que no suena muy lógico gastar en una casa que se va a demoler.

Cuando hace un mes definió a su gestión como “progresista”, ante los empresarios, el gobernador explicó que su administración “nunca paró de invertir” en salud, en erradicación de viviendas rancho, en agua para zonas que no la tenían y en infraestructura eléctrica y vial. Y siguió: “Un gobierno que cae en gastos superfluos no es progresista”.

Los varios millones que están en juego en esta operación inmobiliaria parecen ser el elemento de la realidad que refuta aquella contundente afirmación.