Los agricultores habían colocado esos carteles indicadores para frenar la ocupación de esas tierras, en la que las familias viven desde hace muchísimo tiempo, por parte de las firmas extranjera que se adjudican la propiedad de las tierras.

No obstante, a los pocos días de ocurrir ese acto posesorio, los pobladores históricos del lugar denunciaron el robo del cartel indicador del límite norte del Campo Comunero Las Chacritas situado en el margen del arroyo Las Totoritas, límite natural y ancestral del mencionado Campo Comunero con el Campo Los Narváez. También manifestaron que los pobladores del paraje Los Narváez (situado al norte de Las Chacritas) recibieron amenazas de cobro de mayor precio de pastaje por los animales que circulan en campo abierto y -en algunos casos- con amenazas para la integridad física de dichos pobladores.

Finalmente denunciaron como un hecho grave el incendio intencional de pastizales en el Campo Comunero Las Chacritas, lo cual les provocó importantes daños por pérdidas de ganado, flora y fauna autóctona.

Luego de ocurrido estos hechos, los pobladores acompañados por directivos de la Escuela de Las Chacritas y con el asesoramiento de integrantes del Equipo Socio Territorial de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, se reunieron y acordaron radicar las denuncias correspondientes en la comisaria de Los Varelas que es la localidad en la que funciona la sede policial competente.

Cabe destacar que estas denuncias radicadas por pobladores de Las Chacritas ante la policía de Los Varela, permitieron que una comisión policial (encabezada por el responsable de dicha Comisaría) se constituyera en el lugar de los hechos y constatara mediante una inspección ocular el hecho delictivo denunciado, aunque hasta la fecha no se ha logrado recuperar el cartel sustraído.

Por otra parte, los pobladores locales afirman que quien se atribuye la propiedad del Campo Los Narvaez tiene la práctica común (como en muchos campos cercanos) de juntar los animales que en los meses estivales pastorean a campo abierto, para encerrarlos en un corral y cobrar por cada animal el pastaje, alegando que dicha actividad económica se lleva a cabo sin comprobantes de inscripción en el AFIP ni en rentas de la provincia y con una total precariedad laboral de los trabajadores que la realizan.

Por último, es importante mencionar que estos conflictos por la tierra entre pobladores históricos y empresas que alegan ser sus dueños y que afecta a miles de familias de pequeños productores de todo el territorio provincial, generalmente culminan con familias campesinas que venden sus ganados y emigran a la periferia de las grandes ciudades transformando su pobreza en miseria.