El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU estimó en casi 60 mil el número de víctimas mortales desde el inicio del conflicto sirio en marzo de 2011. La lista de fallecidos, que es un 33% superior a la última que brindaron organismos opositores, fue confeccionada tras reunir las denuncias de siete fuentes distintas, incluido el gobierno. Una de ellas, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), precisó que sólo en 2012 registraron 39.362 muertos, a los que ayer agregó 118 más, entre ellos "decenas" de civiles que murieron tras un ataque de la fuerza aérea siria sobre una estación de servicio.

"El número de muertos es mucho mayor de lo que esperábamos, y resulta verdaderamente impactante", comentó la titular del Alto Comisionado Navi Pillay tras divulgar la estadística. Todavía más, agregó que "dado que el conflicto no aminora desde finales de noviembre, podemos suponer que más de 60 mil personas han muerto para el comienzo de 2013". El número que la prensa internacional manejaba hasta el momento procedía del OSDH, que tiene sede en Londres y que calculaba en 45 mil los fallecidos.

Pillay, que presentó estos guarismos desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, cifró el número de víctimas fatales en 59.648 desde el 15 de marzo de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2012. Un detalle más pormenorizado señala que 12.560 muertes se produjeron en Homs, 10.862 en los alrededores de Damasco, 7686 en Idlib, 6188 en Alepo, 6034 en Daraa y 5080 en Hama.

A la hora de distribuir responsabilidades, la representante de las Naciones Unidas señaló que el presidente Bashar al Assad podría haber evitado "esta enorme pérdida de vidas humanas si hubiese tomado un camino que no fuera el de la opresión sin escrúpulos de lo que en un primer momento fueron protestas pacíficas y legítimas de civiles no armados". Claro que también recordó que luego se sumaron víctimas causadas por grupos armados hostiles al gobierno. "Crímenes atroces y muy probablemente de lesa humanidad fueron cometidos por ambas partes", rubricó.

Según informó el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la lista fue realizada cotejando las 147.347 muertes reportadas por siete fuentes distintas, incluido el gobierno. Tras eliminar las duplicadas y los nombres que no precisaban fecha, hora y lugar de defunción, los autores del estudio llegaron a una cifra de 59.648 individuos muertos. "Si bien es el análisis más detallado y abarcador con el que se cuenta hasta el momento, no se trata de una cifra definitiva", remarcó Pillay.

Además del número total de víctimas fatales, el listado permitió resaltar una tendencia creciente en el promedio de muertes mensuales. Durante el verano de 2011, poco después de que comenzó el levantamiento contra Assad, el número de muertos por mes se estimaba en 1800. Al año siguiente se registró un promedio de 5000 muertos cada mes, detalló la ONU.

Mientras las nuevas cifras comenzaban a recorrer el globo, el OSDH informó que un ataque del Ejército contra una estación de servicio en la zona de Al Mleiha mató e hirió a decenas de civiles. La denuncia fue ilustrada con un video publicado en Internet en el que se muestran cuerpos y vehículos carbonizados, supuestamente como resultado del ataque aéreo.

Ap, dpa, Efe y Ansa

falsa denuncia de turquía a damasco

Luego de que Turquía denunciara que Siria había derribado un avión militar que no había violado el espacio aéreo sirio, tras lo que solicitó la intervención de la OTAN para resguardar la frontera, el diario turco Radikal informó que una investigación militar había confirmado en septiembre pasado que el avión sí había violado el espacio aéreo sirio y que no fue alcanzado por un proyectil de ese origen, sino que la causa de la caída fue que los pilotos perdieron el control de la aeronave. Ahora la justicia turca pidió permiso al primer ministro Recep Tayyip Erdogan para investigar a Hakan Fidan, jefe de los servicios secretos turcos (MIT), por su responsabilidad al enviar al avión a una tarea de reconocimiento aéreo que podía suscitar represalias.

La fiscalía de Malatya, una ciudad ubicada en el sureste del país, intenta determinar si los mandos militares actuaron "con negligencia o premeditación" al enviar al avión caza a una misión que conllevaba un gran riesgo ya que la familia de uno de los pilotos fallecidos ha interpuesto una denuncia criminal contra Fidan y otros altos cargos. Desde una reforma legal del año pasado, la judicatura no puede investigar a los máximos mandos de los servicios secretos sin permiso expreso del primer ministro.