El Sinditato de Trabajadores Autoconvocados del sector ratificó ayer el quite de colaboración por tiempo indefinido y resolvió endurecer el plan de lucha. El Jueves Santo cortarán la ruta que lleva a Tafí del Valle y el Viernes Santo instalarán una carpa en esa localidad turística. Malestar por una sanción administrativa.
Tras una asamblea realizada en el hospital Obarrio, con la participación de delegados de toda la provincia, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS) ratificó por unanimidad el quite de colaboración que mantiene paralizada la atención de los consultorios externos y derivó en la suspención de las cirugías programadas.
Además, se decidió intensificar el paro informático, por lo que no se enviará ningún dato estadístico ni notificación sobre el movimiento de pacientes en los centros asistenciales a las autoridades.
Entre otras medidas de acción anunciadas, los disidentes de la salud confirmaron que el Jueves Santo realizarán un corte parcial en la ruta 307, que conduce a los Valles, a la altura de la localidad de Santa Lucía, donde entregarán volantes informativos a los automovilistas. El piquete, que se realizará en media calzada, se extenderá entre las 10.00 y las 18.00 de ese día, por lo cual quienes tengan previsto viajar a esa zona turística deberán tomar nota de esta situación.
Además, conforme a lo resuelto en la asamblea de ayer, el Viernes Santo un grupo de delegados de distintos hospitales se trasladará hasta Tafí del Valle, donde tienen previsto instalar una carpa, a los fines de dar a conocer a los visitantes la difícil situación que atraviesa la salud pública de Tucumán a raíz del conflicto.
Por otro lado, desde SITAS confirmaron que el próximo viernes 29, a las 20.00, se concretará en la plaza Independencia la segunda "marcha de antorchas del año" (la primera se efectuó la semana pasada); y también que está decidida la instalación de una "carpa de la dignidad" en ese mismo paseo de la Capital.
Denuncian persecuciones
Un momento tenso se vivió durante el plenario de este lunes, cuando en plena etapa de deliberaciones se tomó conocimiento sobre una sanción administrativa contra el delegado del Centro de Salud y referente de SITAS, Carim Asus, por declaraciones formuladas la semana pasada a EL SIGLO. En esa oportunidad, el profesional había advertido que algunas de las medidas de acción que el sector tenía previsto llevar adelante ante la falta de respuestas del PE a sus reclamos serían dejar de colocar vacunas y no entregar leche proveniente de planes sociales en los CAPS.
Asus recibió una "Notificación por Falta Grave en Acto de Servicio", de parte de la Dirección de Asuntos Disciplinarios del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), que lo acusó de incitar a que no se cumplan con los programas de vacunación ni se entregue leche, pese a que ninguna de esas medidas llegaron a concretarse.
"Expresamos nuestro repudio unánime a esta medida, que no hace más que exacerbar los ánimos y provocar a los trabajadores, porque demuestra que siguen las amenazas y persecuciones contra quienes piensan distinto y luchan por sus derechos", dijo a nuestro diario la doctora Adriana Bueno, referente de SITAS.
Por su parte, Asus opinó que "esto no es más ni menos que un nuevo apriete para intentar acallar las voces de los trabajadores de la sanidad, pero no nos van a amedrentar", advirtió.
Por otro lado, informó que, para evaluar esta situación puntual, hoy, a las 10.00, se realizará una asamblea interhospitalaria en el Centro de Salud. "Vamos a comunicarle a los delegados que nuestro hospital va a realizar el miércoles un paro general, en repudio a estas amenazas del Gobierno", anticipó Asus.
Por considerarlo insuficiente, desde SITAS rechazan el acuerdo salarial firmado por el PE con los otros tres gremios de la sanidad (ATSA, AME y SUMAR) y exigen la reapertura de las paritarias. Como se recordará, ese pacto establece una suba escalonada de la base de cálculo, de 350 pesos a 460 pesos a partir de marzo y a 515 pesos desde julio. Además, se acordó el blanqueo de cinco ítems, entre remunerativos y no remunerativos; y que desde octubre el piso salarial de las categorías más bajas sea de 2.250 pesos, mientras que el de los profesionales llegará a 3.900 pesos.
Al respecto, la doctora Bueno sostuvo que "el aumento firmado por otros gremios es a todas luces insuficiente, porque no llega a cubrir la canasta básica del INDEC para una familia de clase medio tipo, que está por encima de los 6.500 pesos. Lo único que pedimos elevar a 800 pesos la base de cálculo y sin subas escalonadas, que permitiría que los trabajadores de la salud pertenezcan a la clase media y no sigan en la línea de pobreza, como ocurre con los actuales ingresos", enfatizó.
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