En la última sesión, desarrollada este miércoles, la oposición se alió para que en el recinto se apruebe el pedido de interlación a Alberto Descalzo. Días antes, el jefe comunal de Ituzaingó se había reunido informalmente con los concejales, pero estos requieren que las explicaciones “se den en forma pública, abierta y ante los vecinos”

El pedido de interpelación, avanzó en el medio de serios cruces entre el mandamás peronista y el Ministerio de Seguridad en torno al control de la Policía Local, que hace dos semanas derivó en un confuso enfrentamiento entre la fuerza bonaerense y vecinos del distrito

El avance de la iniciativa fue confirmada ante La Tecla por el concejal del bloque Progresistas Esteban Vallarino, quien calificó la votación como “histórica”. En esa línea, manifestó que el “oficialismo quería votar por unanimidad para que venga un secretario (el de Gobierno, Alfredo Almeida), pero nosotros insistimos para que venga el intendente en persona”

“Ellos están tratando de retrasarlo, porque la interpelación iba a ser el viernes y será el lunes”, indicó y agregó que si no se avanza en ese sentido, volverán a insistir con el pedido de interpelación. “Lo haremos tantas veces como sea necesario”, resaltó. 

Además, detalló que el intendente Alberto Descalzo armó una reunión informal con el cuerpo de ediles, convocada en el palacio municipal, pero ante la negación de algunos concejales se desarrolló en el Concejo Deliberante. “Le planteamos que era muy bueno mantener el diálogo, pero que era necesario hacerlo público, de forma abierta y ante los vecinos”. 

Sobre el planteo del oficialismo de que sea Almeida quien asista a dar explicaciones, Villarino consideró que “están tratando de amortiguar los golpes por los errores cometidos”, y agregó que ahora pidieron la renuncia al subsecretario de seguridad, Hugo Rojas. “Quieren concentrar el costo político en los funcionarios de menor rango, pero el que decidió sacar el apoyo a la Policía Local fue Descalzo que tiene un enfrentamiento Ritondo”

El concejal, además, hizo referencia al cónclave que días atrás tuvo lugar en Ituzaingó, que reunió a intendentes y legisladores peronistas. “Se hizo en un edificio municipal y una vez más se utilizaron recursos públicos para los intereses partidarios de una fracción”, denunció Villarino y agregó que la reunión se trató de un “gesto de desafío sobre quien maneja la policía. Hay que cortar con la escalada, y hay que hacerlo en el Concejo ante los vecinos”, concluyó el edil 

COMO SE LLEGÓ A LA INTERPELACION 

El enfrentamiento del jueves 30 de junio entre barras del Club Atlético Ituzaingó y la Policía no puede ser analizado sin tener en cuenta la silenciosa disputa entre los gobiernos provincial y municipal por el control de la Policía Local de Ituzaingó. Es que detrás del estallido en el Circo Royal surgieron sospechas de una operación derivada de una interna que pone la lupa sobre el accionar de esa fuerza de seguridad y que podría salpicar al intendente.

La punta del ovillo aparece con el robo a un auto de la empresa de Alberto Traverso, dueño de una distribuidora de alimentos para mascotas, quien era custodiado por miembros de la Policía Local, que también fueron asaltados.

El coletazo de ese hecho se hizo sentir tiempo después, cuando el Ministerio de Seguridad determinó el desplazamiento del jefe de la Policía Local, Jorge Castillo, debido a una serie de denuncias que lo involucraban con el supuesto desvío de efectivos asignados a patrullar las calles para realizar custodias privadas. Así se inició una investigación en Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense. 

La decisión de la administración provincial, desde donde se designó al nuevo titular de la fuerza -Leonardo Maidán-, no cayó bien en el municipio que comanda Alberto Descalzo, quien rápidamente habló de “violación al convenio” de adhesión a la Policía.

Como represalia, el jefe comunal decidió quitarle apoyo logístico y económico a la fuerza local. Se retiraron diez móviles (7 Fiat Siena y 3 camionetas Ford Ranger) y el sistema de comunicación por handy (Nextel), y se dejó de reparar patrulleros y de pagar combustible. Con un reclamo de mayor seguridad siempre latente, la jugada de Descalzo recibió duras críticas, no sólo de la oposición. 

“Si bien es verdad que se realizó el retiro de móviles y equipos Nextel que pertenecen a la Municipalidad y fueron dados en préstamo a la Policía Local para reforzar su servicio, esta situación duró sólo un día, ya que ordené su inmediata restitución y dichos móviles y equipos de comunicación están a disposición de la Policía Local y de la Policía de la provincia de Buenos Aires”, señaló el mandamás tras los incidentes en cercanías al circo. Desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que las devoluciones no fueron aceptadas y los faltantes fueron reemplazados por equipamiento que envió esa cartera.

La cadena de sucesos continuaron en la avenida Ratti, donde desde hacía un tiempo estaba emplazado un circo. En un clima confuso por las acusaciones de vecinos contra el jefe comunal por “liberar la zona” y la presentación de al menos dos denuncias por presuntos intentos de secuestros, hubo una manifestación frente a la carpa, que terminó en robo durante, en la madrugada del jueves, y en un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía, el jueves por la tarde. 

En esa línea, la cartera de Seguridad intenta establecer si esos incidentes fueron motivados por el desplazamiento del jefe policial, teniendo en cuenta que por esas horas éste prestaba declaración por la investigación que lo tiene en la mira.

“Unos pocos barrabravas y algún servicio (de inteligencia) han hecho esto en Ituzaingó”, dijo Descalzo horas después a la prensa, e insistió en afirmar que “no hubo ningún secuestro de chicos” en su distrito, como denunciaron los vecinos. 

En Ituzaingó, rápidamente, se tejieron varias hipótesis sobre los incidentes que incluyeron piedrazos entre manifestantes y policías. Una teoría habla de que el in-tendente habría motorizado desde las sombras los enfrentamientos para dejar mal paradas a las fuerzas policiales que el Ministerio de Seguridad monitorea desde La Plata. Otra suposición es que los incidentes fueron provocados para desestabilizar la gestión de Descalzo y poner en evidencia el poco control que tiene sobre la seguridad en el distrito. Además hay quienes sostienen que la participación de la barra brava del Club Ituzaingó no fue espontánea sino operada, a manera de pase de factura al municipio, ante el recorte de supuestos recursos que antes eran girados a esa hinchada, que en muchas ocasiones “prestaba servicios al intendente”, según destacaron desde esa ciudad. 

Mientras se intenta desentrañar el origen de los enfrentamientos, la investigación contra el ex jefe policial sigue su curso. En el medio, la oposición del Con-cejo Deliberante ha puesto la mirada sobre el Departamento Ejecutivo, des-de donde esperan que se extiendan las explicaciones sobre los últimos hechos. 

INTERVENCION DE LA PROVINCIA Y SOSPECHAS

“Hubo un proceso de Asuntos Internos donde, por una serie de irregularidades en el manejo de la Policía Local, se decidió la intervención por parte 

de la Provincia”, sostuvo el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y agregó que se cambió “el jefe de la comisaría porque entendimos que utilizaba a la Policía Local para fines privados, como servicios de custodias personales, barrios privados, negocios privados”. Desde esa cartera, además, sospechan sobre el momento en que se registraron los incidentes en cercanías al circo, puesto que se produjeron en momentos en que Castillo prestaba declaración.

EL DESPLAZAMIENTO DE CASTILLO, LA LLEGADA DE MAIDAN Y EL ENOJO 

En el medio del fuego cruzado entre Provincia y Municipio quedó el cuerpo de la Policía Local, que por un momento no supo a quién responder. 

El 1 de junio se hizo público que el Ministerio de Seguridad había determinado el desplazamiento del jefe de esa fuerza, Jorge Castillo. Rápidamente el oficialismo local, comandado por Alberto Des-calzo, manifestó su desacuerdo. “Esto viola el convenio firmado con el ministerio. La Policía está en todo su derecho de darse sus propios mandos, pero nunca nos informaron que se iba a desplazar al jefe de la Policía Local, que es un funcionario que al municipio le dio resultados exitosos”, señaló el intendente oportunamente. Horas después, la cartera de Seguridad presentó a su reemplazante, el comisario Leandro Maidán, quien provenía del distrito de Esteban Echeverría, donde se desempeñaba como jefe de turno de la Policía Local. 

Nuevas diferencias por la designación inconsulta no tardaron en aparecer. “Lo que pedimos como municipio es que si no van a tenernos en cuenta, nos avisen y nos desentendemos de una materia que es competencia exclusiva de la Provincia”, señaló Alfredo Almeida, secretario de Gobierno. 

Sin embargo, el flamante jefe de la fuerza, ante el público rechazo de su designación por parte de la administración local, tardó varios días en ponerse al frente del cuerpo de policía, que estuvo bajo mandos intermedios.

UNA DENUNCIA POR SECUESTRO QUE TERMINO A LOS PIEDRAZOS

Más allá de las argumentaciones ofi-ciales, sobre la existencia de dos de-nuncias ante presuntos secuestros a menores, el Circo Royal fue el escenario en el que se sintetizó una interna que tiene varias patas. Por un lado, el Municipio y la Provincia, que pujan por el control de la Policía Local, y por el otro, sectores ligados a la barra del Club Atlético local, que ya no contarían con cierto financiamiento estatal y que habrían aprovechado el reclamo vecinal para visibilizar su descontento. 

El enfrentamiento no sólo dejó tres policías heridos y ocho manifestantes aprehendidos, sino también el avance de medidas disciplinarias contra agentes locales. Seguridad desafectó al jefe distrital, comisario inspector Hugo Gramajo; al del Comando de Patrulla, comisario Martín Verduri; y a los titulares de las comisarias 1ra, comisario Rubén Batallán, y 2da, subcomisario Leandro Almeida, quienes aparecieron en TV arrojando piedras.

EL EMPRESARIO QUE DESTAPO LA OLLA: CERCANO AL PRO Y AL OFICIALISMO

El comisario Jorge Castillo fue desplazado de la Policía Local por estar sospechado de utilizar a miembros de la fuerza como seguridad privada y cobrar adicionales. Hubo un robo que destapó la olla: el asalto a un auto del empresario Alberto Traverso que era custodiado por una patrulla, a cuyos policías les robaron hasta las armas.

Según fuentes de Ituzaingó, Traverso, de 70 años y dedicado a la venta por mayor y menor de alimentos balanceados para animales, es muy cercano a Alberto Descalzo. “Acá se sabe que le financió la campaña al intendente y éste lo ayudó a que su negocio creciera”, indicaron desde el distrito. 

Traverso, además, es suegro del concejal de Cambiemos Sergio Crego, razón por la que en la ciudad aseguran que esa fuerza opositora “se quedó un poco en el molde al saltar la denuncia”.