El Comercial logró dialogar brevemente con el Ministro del STJ, Dr. Guillermo Alucín quien pese a no ser él, el magistrado que interviene directamente en la causa, dio algunas consideraciones generales al respecto.

Alucín explicó que no todos los casos son iguales por lo tanto cada uno de ellos tiene particularidades a analizar, entonces es muy difícil sentar jurisprudencia en casos disímiles.

Agregó que en este caso se trató de un conflicto suscitado en la Municipalidad de Misión Laishí y llevada a la órbita del STJ a través de un Mandamus, porque su actual intendente, José Orlando Lezcano, se negó a rendir cuentas y balance de la gestión 2011 y a informar al Concejo Deliberante sobre el destino que dio a los fondos nacionales recibidos durante los periodos 2011 y 2012 pero cada caso es distinto, “ejemplo de ellos hay de los más variados en los archivos de la web del Superior Tribunal de Justicia” dijo el magistrado.

Trajo a colación el conflicto suscitado entre el Consejo Deliberante de la localidad de Clorinda en donde el STJ falló dictando la nulidad de las ordenanzas municipales que dispusieron un aumento salarial. El Superior tribunal sostuvo en ese momento que vulneraron el artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal, ampliando en forma arbitraria sus competencias específicas, pues se exige que la determinación de los recursos pertinentes que serán destinados al pago de tal incremento, como así también del estudio sobre la incidencia del gasto en el balance preventivo del ejercicio, deben ser indicados previamente a la ejecución del gasto y no en forma posterior.

“No todos los casos son similares pero en todos los conflictos de poderes, el STJ ha actuado y ha resuelto de acuerdo a derecho” expresó el magistrado.

El Superior Tribunal de Justicia también intervino en el año 2010 en el conflicto de autoridades producido en el seno del Concejo Deliberante de Ingeniero Juárez y decidió por unanimidad y mediante el fallo dictado, ordenar a la Tesorería municipal el cese en el pago de las dietas a los cuatro concejales que mantenían paralizado el funcionamiento del cuerpo deliberativo y además que se designara un Comisionado -en los términos del Artículo 175 de la Ley Orgánica Municipal- con la atribución de convocar a los concejales suplentes para normalizar el funcionamiento del departamento deliberante de Ingeniero Juárez.

En referencia a si los conflictos entre los legislativos y ejecutivos municipales tenían siempre un trasfondo político, manifestó que no le correspondía opinar en ese sentido.