Luego de la penúltima audiencia laboral concretada el martes en la delegación local del Ministerio de Trabajo, había quedado el amargo sabor de una situación que parecía estancada, y que sólo traía esperanzas de la mano de la llegada de la viceministra de Trabajo de la Provincia, Nora Ramírez, y de la incorporación al debate del Consejo Asesor Laboral, el órgano integrado por sindicatos, empresas y el Ministerio de Trabajo.

AVANCES

La reunión mantenida en dependencias del CCIRR se prolongó poco menos de dos horas y fueron tres los avances alcanzados.

El primero de ellos, a solicitud de los letrados patrocinantes de Giuliani SA, fue el pedido de que el Estado cancele una deuda atrasada que mantiene con la empresa en concepto de “bonos de bienes de capital”. Serían varios centenares de miles de pesos, y en este punto la Provincia y la Municipalidad se habrían comprometido a gestionar e interceder en el tema.

Otro de los acuerdos logrados tendría que ver con que la empresa afectada confeccione una lista de personal con antigüedad y tareas que realizan, y que considerarían “prescindible”; y que a través del CCIRR y de la Cámara de Industriales Metalúrgicos se podría gestionar su reubicación en otras empresas afines para que luego de un período de prueba puedan pasar a formar parte de la planta permanente de trabajadores de esas otras empresas. O también quizás, si las cosas mejoran volver a Giuliani SA.

El tercer punto de consenso tuvo que ver con zanjar la coyuntura: esto es, la deuda que la empresa mantiene con los trabajadores, y “la urgencia de que le entreguen más dinero a cuenta a la gente y completar el pago de esa quincena” -precisaron nuestras fuentes-. La idea es ver también, si mediante algún convenio con algún supermercado, la empresa pueda entregar “vales” que luego los operarios puedan canjear en ese comercio por mercaderías y “asegurar su subsistencia”, se dijo.

De acuerdo a lo asegurado por fuentes confiables de la UOM a este Diario, cada quincena adeudada ronda en promedio los $ 2.500 a cada obrero. En total, las dos quincenas de septiembre acumuladas sumarían $ 5.000 para cada operario. Si descontamos los tres pagos de $ 500 hechos por la empresa -el último fue el jueves-, tendríamos que la empresa ya pagó $ 1.500, con lo que la deuda promedio que se mantiene sería de $ 3.500 por cada asalariado. La voluntad patronal es pagar ese monto “lo antes posible”.

PRESENCIAS

Además de la viceministra Nora Ramírez, participaron del encuentro Roberto Oesquer -secretario general de la UOM y de la CGT Rafaela-; Carlos Farinoli -delegado del Ministerio de Trabajo-; los delegados gremiales Martín Durán y Juan Gómez; el titular de la empresa Fernando Giuliani, con sus abogados Tessio y Salari; Marcelo Lombardo -por la mesa de la CGT Rafaela-; los secretarios -de Desarrollo- Marcelo Ortenzi y -de Economía Social y Empleo- Evangelina Garrappa por la Municipalidad; Daniel Cornaglia -presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos-; y Germán Gaggiotti, Gabriel Rivarossa y Benjamín Albretch, por el CCIRR, entre otros.

En el transcurso de la reunión la firma afectada habría alegado “que le fue mal y que no pudo mantener los precios”, que “el último año no vendió y ahora le sobra gente” y que por el cúmulo de deudas tuvo que presentarse en convocatoria de acreedores, llegando a la insostenible situación actual. La solución pasaría así por recuperar oxígeno a través de un plan de reducción de costos y la incorporación de nuevos contratos de venta. Fuentes gremiales notaron por parte de la firma una positiva apertura y a “dejarse ayudar”, dijeron.

La próxima audiencia laboral entre las partes quedó fijada para el próximo jueves 10 de octubre, a las 11, en la delegación del Ministerio de Trabajo, y la firma trataría de depositar dinero antes. Caso contrario, llevarían más precisiones en cuanto al próximo pago el día a la audiencia. La Viceministra planteó que, “para hacer un seguimiento y si es necesario”, dentro de 15 días podría volver a concretarse una nueva reunión con el Consejo Asesor Laboral en esta ciudad.