Confirmaron la separación de los policías de la Comisaría Sexta

Confirmaron la separación de los policías de la Comisaría Sexta
Ante la denuncia por torturas y brutal golpiza a un joven de 17 años en la comisaría sexta de La Plata, el ministro Ricardo Casal le confirmó este jueves a la Comisión Provincial por la Memoria que el personal policial de la dependencia ya fue separado de su cargo.
“Este hecho extremo demuestra que la policía cuando actúa como control social lo hace actuando en forma represiva y brutal”, afirmó Alejandro Mosquera tras la reunión con el gobierno.

A su vez, agregó que “lo que pasó en la comisaría sexta tenemos que ligarlo con el caso de la desaparición de Luciano Arruga. Vemos un hilo en la metodología: acoso policial en las barriadas pobres, encierro a un chico, participación de muchos policías en las golpizas, práctica de torturas”.

Mosquera también enfatizó en que “el estado provincial tiene que asumir la responsabilidad de acabar con estas prácticas y estos nichos de impunidad. Y por supuesto la justicia penal tiene ahora la obligación de que este caso se investigue y esclarezca”.

Mosquera señaló –además- que se realizó un pedido expreso al Ministerio de Seguridad para que garantice la integridad del joven denunciante y la de su familia.

“Recordemos que cuando concluyeron las golpizas y torturas los policías amenazaron al chico y su familia y le dijeron que si denunciaba lo que había pasado, era hombre muerto. El estado tiene que proteger a la víctima y su familia”, exigió Mosquera.

Una delegación de la Comisión, integrada por Alejandro Mosquera, Víctor Mendibil y Aldo Etchegoyen se entrevistó este jueves con el jefe de Gabinete, Alberto Pérez y el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal.

De este modo, y con una agenda ligada a los temas de justicia y seguridad, continuó la mesa de diálogo con el gobierno provincial. Lo sucedido en la comisaría sexta se convirtió en uno de los temas centrales de la reunión.

“Pusimos énfasis en la necesidad de controles civiles externos a la policía que es lo que permite que hechos como los de la comisaría sexta tengan la investigación necesaria y las sanciones del caso al personal involucrado”, señaló Mendibil a la hora del balance tras la reunión.

La creación de una policía judicial dependiente del Poder Judicial y el debate de una ley de autonomía de la defensa pública fueron otros de los temas en los que hizo foco la Comisión Provincial por la Memoria.

También participaron de la reunión el asesor del gobernador Scioli, Edgardo Binstock y por la Comisión Provincial por la Memoria, Ana Cacopardo, directora Ejecutiva y Roberto Cipriano García, coordinador del Comité contra la Tortura.

“Estamos apuntando a que se cree una policía judicial en la Provincia. Es un viejo reclamo que tiene raigambre institucional. Crear una policía judicial tiene que ver con romper los nichos de corrupción y el armado de causas que en la provincia es alarmante. Muchas veces los fiscales terminan delegando en la policía las investigaciones”, afirmó Mosquera.

Durante la reunión, el Casal reconoció que la puesta en marcha de una policía judicial “es una manda constitucional” pero eso no está en discusión. Y anticipó que su cartera pondrá en marcha 7 cuerpos de investigadores profesionales, sin participación de personal policial que se abocarán exclusivamente a la investigación del crimen organizado.

“La Comisión cree que este es un paso significativo en la medida que podamos avanzar en la discusión de una policía judicial. El gobierno crea este cuerpo de investigadores en el ámbito del Ministerio de Seguridad y lo pone a disposición de las fiscalías generales. Nosotros creemos que la policía judicial debe depender directamente de la Corte”, afirmó Victor Mendibil, miembro de la Comisión y también secretario general de la Federación Judicial Argentina.

Mosquera, por su parte, señaló que “es necesario romper con la corporación policial que muchas veces aún estando sospechada por su participación en delitos o hechos de corrupción, termina de hecho manejando la investigación judicial”.

La Comisión también puso sobre la mesa la necesidad de controles externos civiles para las fuerzas de seguridad de la Provincia, tanto policía como servicio penitenciario y reclamó una vez más, sin obtener respuesta del ministro Casal, la derogación de una resolución del gobierno que le impide al Comité contra la Tortura de la Comisión filmar en las cárceles o documentar -a través de la fotografía- situaciones de tortura o condiciones de detención.

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