La Cámara Federal de Apelaciones, tras la audiencia de la que participara el fiscal general Daniel Adler, confirmó los procesamientos de Isaías Hurtado, su pareja y otras tres personas, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. 

“Ha existido el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad por parte de los sujetos activos, que ha configurado un ataque al bien jurídico tutelado libertad”, indicaron los jueces.

Isaías Nelson Hurtado –como jefe de la organización-, su pareja Patricia Soledad Padilla Coronado, Luis Armando Cortez, Caleb Esteban Alday Maldonado y de Joel Abraham Opazo Jara, fueron procesados por haber utilizado –al menos desde julio de 2007- la figura de un ministerio religioso y mensajes de fe para captar y acoger a personas vulnerables (por su edad, estados de depresión, circunstancias familiares adversas, falta de contención, bajos recursos económicos y de educación) para congregarlas en reuniones y, a partir de allí, convencerlas de aportar sus recursos económicos a las arcas de esa congregación y reducirlas a servidumbre. Ello, repara la resolución de la Cámara, a efectos de que realizaran diferentes acciones o tareas en beneficio de ese ministerio o de la propia familia de Hurtado y Padilla, obteniendo de ellas un provecho económico. Todo en el marco de una organización criminal conformada a esos efectos por varias personas, a través de una distribución de roles.

La Cámara Federal de Apelaciones resolvió confirmar los procesamientos dictados en primera instancia por el juez Santiago Inchausti, con intervención del fiscal Nicolás Czizik, en relación a 21 casos de trata. Sin perjuicio de ello, continúa siendo objeto de la investigación los casos de abusos sexual oportunamente denunciados por las víctimas y que comprenden la investigación encarada por el MPF.

En paralelo al proceso penal, en el área de Coordinación de Asistencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación de Mar del Plata se está trabajando con las víctimas de esta causa. 

La intención es convocarlas y ofrecerles un espacio para una entrevista, que se extienden de acuerdo a las necesidades de cada persona, al daño padecido. Se toma a la víctima como sujeto de derechos, y se realizan derivaciones para la asistencia psicológica o asesoramiento legal en caso que lo solicite.

“Es necesario que cada uno y cada una sepan y sientan que tienen derechos como víctimas, en el marco del proceso de la investigación penal”, señaló la coordinadora del espacio, Mila Montaldo, quien es licenciada en Trabajo Social y especialista en Salud Mental.