En esta causa, Romero debía prestar declaración indagatoria en mayo pasado, sin embargo, el ex gobernador eludió cumplir con el mandato judicial dispuesto por el ex juez de Transición 3, José María Alvarado Solá, con dos planteos legales.

En uno de ellos, Romero, a través de su abogado defensor, Oscar Guillén, recusó al juez Alvarado Solá, mientras que en el otro apeló el llamado a indagatoria por entender que el magistrado actuó instigado por los medios de difusión, como así también aludió a que era improcedente debido a que la defensa todavía tiene en trámite una apelación pendiente ante la Corte de Justicia de la Nación.

Guillén también se quejó porque de los trece imputados por la causa de La Ciénaga, el juez Alvarado Solá, caprichosamente, sólo citó a Romero, con lo cual fundamentó una supuesta persecución política en contra de su cliente. 

Recusación abstracta

Asimismo, la defensa reclamó por la negativa del magistrado en cederle fotocopias al defensor.

El primero de los planteos, la recusación de Alvarado Solá, quedó en el camino debido a que dicho magistrado se jubiló a fines del mes de mayo pasado, por lo que el recurso quedó abstracto. El segundo recurso, en tanto, fue girado al Tribunal de Impugnación para su tratamiento, puesto que fue rechazado por el juez.

Este planteo recayó en manos de los jueces Adolfo Figueroa y Abel Fleming, quienes resolvieron hacer lugar solamente a la queja por la negativa a extraer fotocopias del expediente, mientras que respecto a todos los otros argumentos aludidos por la defensa de Romero, fueron rechazados.

En su voto, el juez Figueroa afirmó que el llamado a indagatoria del juez a Romero se trata de una “providencia que no es recurrible”, por lo que dicho acto  “no provoca un gravamen irreparable”, como intentó hacer ver la defensa del ex gobernador.

“Director del proceso”

Respecto al hecho de haber citado a indagatoria sólo a Romero, reprochado por la defensa del ex gobernador, Adolfo Figueroa recordó que el magistrado es el “director del proceso”, por lo tanto en lo referido al orden o selectividad de la citación a indagatoria de los acusados, “no es revisable”.

Figueroa sostuvo que el llamado a indagatoria no sólo se trata de un acto de pesquisa del juez instructor, sino también, y sobre todo, es un acto de defensa del imputado, puesto que le permite dar las explicaciones del caso e incluso, sino lo quiere hacer, puede simplemente abstenerse pero de ninguna manera lo puede evitar.

“No debe olvidarse que, aún cuando constituye un paso necesario para avanzar en el proceso, la indagatoria es un medio de defensa y no de prueba”, declaró el juez, quien agregó que “de oponerse a la producción de tal acto procesal, sólo puede tener como objetivo la obstrucción del procedimiento”.

A todo ello, el magistrado afirmó que si bien el juez podrá disponer otras medidas judiciales, “antes o después, el imputado por un ilícito penal deberá presentarse ante el juez”. “Que preste o no declaración, dependerá exclusivamente de su voluntad, pero no podrá sustraerse del llamamiento sin riesgo de declarárselo rebelde”.

Por su parte, el juez Fleming compartió los fundamentos brindados por su colega y opinó de igual manera, razón por la cual, ambos magistrados rechazaron los argumentos defensivos planteados por Guillén y confirmaron como legítimo el llamado a indagatoria del ex gobernador en esta causa.

Respecto a las quejas defensivas de Romero, el juez Fleming sostuvo que en torno al tratamiento mediático, el ex gobernador puede recurrir a una demanda de responsabilidad, ya que el tribunal actuante no puede atender sus cuestionamientos en cuanto a los actos de prensa.

De esta manera, el nuevo juez, a cargo del juzgado de Transición 3, Federico Diez quedó en condiciones de citar nuevamente a indagatoria a Romero, quien en más de cuatro años de proceso judicial, nunca ha demostrado dar señales de colaborar con la justicia en cuanto a los actos de corrupción adjudicados a su gobierno.