El juez de Cámara en lo Penal de 2º Instancia, Dr. Hugo Degiovanni, confirmó el procesamiento y la prisión preventiva contra Daniel Enrique P., quien está acusado por presuntos abusos de tres menores en la localidad de Estación Clucellas donde se desempeñaba como funcionario policial. El fallo significa que existirían suficientes elementos de convicción para estimar que el imputado, que se encuentra preso desde mediados de marzo pasado, cometió los delitos que tienen una pena mínima de cinco años y una máxima que podría superar holgadamente los 10 años, según puntualizaron fuentes policiales a este Diario.

La decisión judicial se produce en el marco de la audiencia de apelación solicitada por la defensa del imputado, encabezada por el Dr. Pablo Mosconi, y que se realizó el miércoles pasado con la presencia del juez Degiovanni, el fiscal de Cámaras, Dr. Reinaldo Voglino y también el abogado de la querella, Dr. Juan Manuel Chiappero.

Desde que se implementó el nuevo sistema de Justicia penal, a principios de febrero pasado, esta es la primera vez que en el ámbito de los Tribunales de Rafaela se constituyó una audiencia oral de apelación, lo que en cierta medida es histórico.

El fallo establece que el acusado, quien tiene alrededor de 40 años y es oriundo de Santa Fe, permanezca en prisión a la espera del juicio. En este sentido, el juez denegó la libertad solicitada por la defensa al considerar que por el monto de la pena prevista -mínimo de cinco años- existen motivos suficientes para que el imputado pueda darse a la fuga para eludir una probable sentencia.

Entre los fundamentos del fallo se destacan los testimonio aportados por dos de las víctimas en la cámara Gesell, considerados como "muy coherentes", tal como se había efectuado durante la audiencia de apelación oral realizada el pasado miércoles en la Sala N° 3 de los Tribunales locales.

La Justicia investiga al acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cuidador de la menor (la supuesta víctima es hija de su concubina con una pareja anterior); abuso sexual simple (una sobrina) y abuso sexual agravado por el vínculo (su propia hija).

Durante la audiencia de apelación, el abogado defensor solicitó la libertad de su cliente por entender que la imputación está viciada de nulidad y que el análisis de los elementos de prueba reunidos no fue suficiente. Por su parte, la querella (un nuevo actor que se incorpora con la reforma del sistema penal) que representa a la mujer que era pareja del acusado y madre de dos víctimas, enfatizó que las pruebas son contundentes, una posición similar a la planteada por Voglino.

Un dato que no es menor es que el imputado tiene dos causas anteriores por delitos de instancia privada. En una de ellas fue sobreseído mientras que en la restante aún se encuentra investigado en la justicia de primera instancia por la presunta comisión de delitos sexuales.

Por último, cabe aclarar que en la audiencia de apelación oral sólo actúa un juez de la Cámara de Apelación en lo Penal, en este caso el Dr. Degiovanni -los otros dos integrantes son Rodolfo Roulet y Juan Manuel Oliva- en tanto que una vez que la causa se eleve a juicio intervendrán todos los camaristas.