Fuentes judiciales confirmaron que se encuentran imputados en nivel de “coautoría” los cinco funcionarios contratados por la Unidad Ejecutora para supervisar y coordinar las tareas de remediación de la localidad tras la erupción del Cordón Caulle.

Fueron acusados el titular de la Unidad Ejecutora a nivel local, Ing. Mauro Millán, el inspector de obra de la UEP, Arq. Fabio Huarte, los supervisores de obra Roberto Yarcho y Guillermo Larghi, y el técnico de seguridad e Higiene contratado, Andrei Nicolás Trejsvoiakov.

Cada uno fue imputado por “haber omitido” o realizado la acción que le correspondía en su función.

Entre las pruebas se encuentra la pericia de la justicia y un informe de Bomberos sobre cómo se trabajaba en el lugar al momento del hecho.

Quedó demostrado que no se respetaron las distancias de seguridad establecidas para cables de media tensión, que el lugar no estaba vallado ni había señalética de precaución en la obra. Que esa era la forma de operar.

Además, figura como antecedente el aviso del EPEN advirtiendo el peligro y los accidentes que hubo en el lugar con máquinas viales.

Para el tipo de delito, el Código penal establece una pena de 6 meses a 5 años de prisión e inhabilitación especial de 5 a 10 años, ya sea para ejercer cargos públicos o la profesión.

Ahora el juez Jorge Videla deberá correr vista a la defensa y decidirá si eleva la causa a juicio o no.

Acuerdo

La querella no acusó y en el escrito presentado en el juzgado informó que la parte llegó a un acuerdo civil. Además, solicitó el sobreseimiento de los imputados.