El juez ratificó el pedido de la Justicia ecuatoriana y mantuvo la medida. Pero acotó el alcance de la acción y sólo pueden retener fondos los bancos.
Según pudo saber este diario, el magistrado Adrián Elcuj Miranda, a cargo del juzgado civil 61 de Buenos Aires, modificó la denominada doble imputación contra la filial argentina de la empresa estadounidense. Y en vez de que tanto clientes como bancos retengan el 40% del dinero de la empresa, determinó que sean sólo las entidades financieras las que se encarguen de embargar.
Dicho de otra manera: ordenó a los bancos que operan con la petrolera que mantengan el embargo (sin derivación por ahora a los demandantes) pero liberó a los clientes de Chevron (las refinadoras por ejemplo) de realizar la misma poda porcentual. Ahora, la Cámara civil de apelaciones tendrá que resolver sobre los pedidos de la empresa que, confiaron fuentes del gobierno neuquino, "ha pagado regalías, ingresos brutos y otros impuestos y mantiene el nivel de actividad".
Con todo, el juez ratificó el embargo abrazado a un acuerdo de reciprocidad entre Argentina y Ecuador y mantuvo el embargo contra Chevron, que tiene un movimiento anual de 600 millones de dólares.
"Nos enteramos de que este juez, que antes de fin de año, tiene que dejar el juzgado porque es subrogante todavía no resolvió el pedido de 'amicus curiae' del sindicato", dijo el secretario general del sindicato de Petróleo y Gas privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa Guillermo Pereyra.
El sindicalista, quien se encuentra en Buenos Aires, tenía previsto presentarse en el juzgado que en noviembre definió hacer lugar al pedido de embargo que realizó la justicia ecuatoriana a raíz de un juicio que la empresa perdió en ese país por un caso de contaminación en la Amazonia. La contaminación, en rigor, fue responsabilidad de Texaco en los 70 pero al haber adquirido Chevron los activos de esa compañía fue llevada a juicio y condenada a pagar unos 18.000 millones de dólares. Para la filial argentina de la compañía, que en Neuquén opera su principal yacimiento de petróleo (El Trapial), se trata de un fraude y además de separarse de la corporación de Chevron han explicado que la acción fue promovida por un estudio jurídico ligado a los "fondos buitre" de Nueva York. Esto es compartido por el gobernador de Neuquén Jorge Sapag quien ve peligrar la operación local de la compañía y a quien le preocupa el posible impacto en las regalías y los 1.500 puestos de trabajo que Chevron genera en la provincia.
El pedido de Neuquén como amicus curiae lo hizo la fiscalía de Estado.
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