Como se recordará, el mencionado Tribunal, integrado por los jueces Laura Nilda Lamas González presidente de trámite-, Armando Roberto Ovando y Mario Ramón Puig, llevó adelante el juicio en el que se debatió la participación de los condenados, y de otras personas, en hechos ilícitos ocurridos en esta ciudad, Carahunco, Palpalá, Monterrico, Perico, Pampa Blanca y zonas de Las Cañadas.

Al finalizar el debate oral y público, los jueces determinaron la responsabilidad penal de Armando Miranda como autor de los delitos de evasión; robo con arma en despoblado y en banda; robo con arma y en poblado y en banda en concurso ideal y abuso sexual en concurso real; robo con arma y en poblado y en banda en concurso ideal; robo con arma y en despoblado y en banda; robo con arma en poblado y en banda en concurso ideal; robo con arma en despoblado y en banda y homicidio calificado en concurso real; y asociación ilícita, por lo que fue condenado a prisión perpetua

Idéntica pena le fue aplicada a Marcos Sebastián Monaldi; en tanto que Ezequiel Ariel Gallardo Acosta, tuvo pena de prisión perpetua; y Oscar Angel Figueroa recibió la pena de catorce años de prisión.

En contra del fallo reseñado, los abogados defensores presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia recursos de casación e inconstitucionalidad, los que fueron rechazados en mayo de 2012, con lo cual se confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nro. 3. Posteriormente el abogado Enrique Pedicone, por su defendido Monaldi, presentó ante la Corte local un recurso extraordinario para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que fue denegado. Luego el abogado defensor de Gallardo Acosta recurrió directamente ante el supremo tribunal nacional presentando un recurso de queja, el que se desestimó el pasado 24 de septiembre del corriente año.

A la fecha, al quedar firme el fallo, la presidente de trámite Dra. Lamas González lleva adelante el cómputo final de la pena que deberán cumplir los sentenciados Miranda, Gallardo Acosta, Monaldi y Figueroa, quienes permanecen detenidos en celdas del penitenciario provincial.