El episodio --difundido a modo de anticipo por NORTE en su edición de ayer-- fue confirmado en una conferencia de prensa convocada por el secretario de Seguridad Pública Javier Oteo, junto con el procurador general adjunto Hugo Fonteina y las autoridades policiales encabezadas por el comisario general Ramón Alegre y efectivos de Drogas Peligrosas.

Si bien los funcionarios del Poder Ejecutivo y el ministerio público brindaron detalles del caso, se abstuvieron de dar el nombre de la funcionaria, aunque se pudo conocer que la implicada en este hecho --caratulado tráfico de influencia-- cumplía funciones de prosecretaria de la Fiscalía de Investigación 15, Silvia Ojeda, quien fue denunciada por el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano del gobierno del Chaco, Julio García.

El operativo que terminó en su detención fue realizado con gran reserva y se procedió a abortar el delito. La funcionaria fue grabada y filmada cometiendo el ilícito. Aseguran que había pedido una “importante suma de dinero” para agilizar un expediente.

El caso

El primero en referirse al tema fue Oteo, quien destacó el trabajo de la procuración para la detención de una funcionaria judicial por “supuesto cohecho o tráfico de influencia”, denunciado por García, a quien el secretario de seguridad agradeció el coraje que tuvo para llevar adelante una denuncia de esta naturaleza.

A su turno, Fonteina ponderó las actuaciones en las que intervino el fiscal Lucio Otero y personal policial y dijo que “el ministerio público actuó sin retacear la investigación en un delito grave”.

En este sentido, dejó claro que la funcionaria judicial fue aprehendida con los efectos del delito (dinero) que habían sido pedidos como garantía para terminar un expediente perteneciente a un sindicato. En forma inmediata fue separada del cargo y se está sustanciando la causa, caratulada “tráfico de influencia”, que tiene una pena mínima de dos años de prisión, pero si es agravado tiene una pena de hasta doce años de cárcel. Extraoficialmente se supo que la funcionaria judicial había recibido unos 5000 pesos para agilizar el trámite de la causa.

Finalmente, Fonteina dijo que en sus 27 años de carrera es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, por eso dijo que tanto su reacción como la del Poder Judicial es de “estupor, sorpresa e indignación”, pero también manifestó que “queremos que esto sea ejemplificador para todos los que ejercen responsabilidad en la función pública”.