La manifestación fue convocada la semana pasada por la Sociedad Rural Río V, de Villa Mercedes, para pedir una audiencia con el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, tendiente a explicar su preocupación por las normativas dispuestas por el Ejecutivo para el año próximo.

Las entidades y los productores cuestionan la norma que establece distancias mínimas para aplicación de glifosato, herbicidas equiparables y agroquímicos en todo tipo de cultivos productivos; el incremento del impuesto inmobiliario rural; y la tasa extra para la protección ambiental de la zona declarada en emergencia ecológica.

Mediante un comunicado de prensa, Confederación Rural de San Luis (que nuclea a la mayoría de las entidades de la Provincia) reconoció que el Ejecutivo ya los recibió en audiencia para tratar la Ley de Distancias Mínimas, pero lamentó que el tratamiento de la norma en la Legislatura “fue un corto trámite y dejara casi 100.000 hectáreas improductivas en la Provincia, nada menos que de Agricultura, la cual marcó notables rindes y contribuciones en los últimos años”.

De todas maneras, la federación apunta a una nueva instancia de negociación con el Gobierno: “El único camino es el dialogo abierto y sincero”.