La Comisión Nacional de Educación y Acreditación Universitaria (Coneau) acaba de desaprobar a la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En términos estudiantiles, la bochó. En una resolución emitida este lunes, el organismo nacional rechazó la acreditación como carrera de grado y emitió una extensa serie de recomendaciones para cumplir con los estándares mínimos requeridos.

La Coneau es un órgano descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación. Su misión, según consigna en su página web, es “asegurar y mejorar la calidad de las carreras e instituciones universitarias que operan en el sistema universitario argentino por medio de actividades de evaluación y acreditación de la calidad de la educación universitaria”.

Una de sus funciones centrales es acreditar las carreras de grado, como en el caso de Abogacía de la UNRC, cuando se trate de títulos de profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio puede comprometer el interés público o poner en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes.

El trámite para la acreditación de la carrera comenzó en 2018 y contempló un proceso de evaluación que terminó el lunes con la resolución que lleva la firma del presidente de la Coneau, Néstor Raúl Pan, y del vicepresidente, Mariano Alberto Tadeo Candiotti.

El rechazo a la acreditación se produjo después de que un Comité de Pares designado para hacer la evaluación emitiera un informe negativo. En las conclusiones, se hace una extensa serie de recomendaciones para mejorar la carrera y tender a conseguir la acreditación:

1- Se debe incrementar la participación de los alumnos en los proyectos de investigación.

2- Deben desarrollarse proyectos de extensión relacionados con la disciplina que tengan impacto en la comunidad en la que se inserta la carrera.

3- Presentar información sobre los objetivos esperados en los convenios suscriptos e informar cuáles son los convenios para la realización de pasantías.

4- Implementar capacitaciones para el cuerpo docente en el área pedagógica.

5- Asegurar que el responsable de la gestión académica de la carrera cuente con formación y trayectoria compatibles con el cargo que desempeña. En ese aspecto, los evaluadores remarcan que la coordinación de la carrera no está actualmente a cargo de un abogado.

6- Presentar la normativa que establece las funciones y periodicidad de las reuniones de la Comisión de Autoevaluación.

7- Presentar el plan de desarrollo de la Facultad aprobado institucionalmente.

8- Con respecto al plan de estudios hay una serie de recomendaciones relevantes: asegurar que se cumplan las cargas horarias mínimas por área de formación que están establecidas en la resolución ministerial; incluir los contenidos curriculares básicos que exige el Ministerio; corregir las inconsistencias que existen entre la carga horaria presentada para el área de formación de práctica profesional y el detalle de esa carga horaria; consignar correctamente en las fichas de actividad curricular el tipo de formación práctica que se realiza en Derecho Procesal Administrativo y Tributario y en Mediación, Arbitraje y Negociación; detallar en los programas analíticos en qué consisten las actividades de formación práctica profesional, el producto tangible que darán como resultado y la proporción de la carga horaria práctica de la materia que se destina a dichas actividades.

9- Explicar de qué modo los estudiantes libres cumplen con la formación práctica profesional.

10- Revisar y mejorar los mecanismos tendientes a aumentar el egreso de los estudiantes. Esto es porque, por ejemplo, en 2018 hubo 1.062 alumnos y solamente siete egresos.

11- Garantizar el acceso a material bibliográfico suficiente y actualizado. Los evaluadores cuestionaron el material disponible en la Universidad para la carrera.