De este modo se cierra al menos un capítulo de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia provincial, ya que se estima que el perjuicio sufrido por el Estado con las ventas ilegales de tierras públicas fue de cientos de millones de pesos.

Tres años, sin cárcel

El acuerdo celebrado semanas atrás entre los abogados defensores y el fiscal del proceso debía, de todos modos, ser convalidado por el tribunal actuante, y eso fue lo que sucedió ayer. El fallo fue dictado por la Cámara Segunda en lo Criminal, integrada por los jueces Víctor Del Río, Raúl Yurkevich y Lidia Lezcano de Urturi.

La causa no es la única abierta en relación con el caso de las tierras; fue caratulada como “Puebla, Nildo Rubén; Gasko, Carlos Esteban; Kaluk, Héctor Rubén; Moreno, José Pedro, sobre estafa a la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función”, un expediente abierto en el año 2004.

En la sentencia se resolvió hacer lugar al pedido de juicio abreviado, luego de que los imputados Nildo Puebla y José Moreno -vocales del Directorio del Instituto de Colonización en la gobernación de Angel Rozas- y Héctor Kaluk -delegado de la localidad de Taco Pozo- reconocieran su autoría en los hechos y aceptaran los tipos penales endilgados. Así, en virtud de este reconocimiento, convinieron con el fiscal de Cámara una pena de tres años de prisión en suspenso.

El relación con el otro imputado, Carlos E. Gasko, el tribunal lo declaró rebelde en la causa, al no haberse presentado a las citaciones, y se dispuso su detención.

El juicio abreviado evita la producción de la prueba en debate, dado que el acusado no discute el hecho y lo acepta, al igual que la pena que se le imputa, evitándose así la posibilidad de entablar recursos. El fallo, dictado por unanimidad, incluye un detallado informe de casi 170 páginas de considerandos.