Una de cal...

Juan Carlos Tierno se comportó como un delincuente el día en que -como parte de su breve y caótica gestión municipal- pretendió imponer de facto un presupuesto y una ordenanza tarifaria pisoteando las funciones del Concejo Deliberante, según lo que determinó el Tribunal de la Cámara del Crimen 1, que en una severa sentencia lo acusó por sus modos violentos y autoritarios y lo condenó a la máxima pena prevista para quienes violan ese artículo del Código Penal.

Así, el personaje que logró zafar de otras acusaciones y que se manejó con impunidad en los cargos públicos que ostentó ocupa en la historia institucional de la provincia el lugar que antes nadie le había destinado: es un condenado a prisión, con la suerte de que los dos años que le dieron son en suspenso.

Además se lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos por cuatro años, situación que a su modo la ciudadanía ya había resuelto cuando le quitó el voto a Tierno las veces en que decidió volver a exponerse electoralmente, pese a lo cual el exministro manodurista consiguió conchabo estatal -una de las especialidades de su trayectoria- ya que su esposa y jefa Sandra Fonseca, haciendo uso de nepotismo, le tiró un sueldo a cambio de hacerlo figurar como “asesor” de su banca legislativa.

La historia tiene vericuetos y paradojas: a Tierno lo condenan a prisión no por golpeador, ni por corrupto, ni por hacerse el distraído ante las torturas policiales, ni por apropiarse de un campo, sino por el delito de abuso de autoridad, que fue el que cometió -señalan los jueces Elvira Rosetti, Miguel Ángel Gavazza y Miguel Ángel Vagge- al pasar por encima del Concejo Deliberante en los fatídicos días en que llegó a la Intendencia de la capital provincial bajo el padrinazgo del senador Carlos Verna.

El comportamiento del reo fue, hasta un punto, previsible: rodeado por argumentos sólidos en un expediente, puesto en su lugar por las instituciones, con nulo apoyo popular y sin justificativos que aportar a la causa para salir bien parado, intentó zafar dándoselas de perseguido político y ametrallando su resentimiento en forma de acusaciones, al estilo de quienes como último manotazo de ahogado prenden el ventilador para que ese comportamiento suene amenazante a quienes tienen que definir su destino.

En esa lógica, mechó algunas verdades que ni siquiera son revelaciones -el vínculo entre el poder político y el Poder Judicial, los “parches” del sistema judicial ante la falta de funcionarios naturales, las relaciones de complicidad y connivencia entre ciertos actores, la incomodidad que generó su accionar político incluso entre dirigentes del propio peronismo- con otras barbaridades y desubicaciones que además son de difícil comprobación y que ninguna relación concreta tienen con el hecho que estaba en debate.

Un sicólogo podría hacerse una panzada con la particular tendencia de Tierno a acusar a los demás de los mismos vicios que han caracterizado su comportamiento político, por no decir su conducta personal: se queja de supuestos abusos institucionales (justo él) y reprocha a los jueces que responden al marinismo (justo él), a la vez que se pone en la piel de un mártir por la sencilla razón de que le aplican, permitiéndole privilegios, las mismas normativas que él imponía sin piedad sobre los que consideraba sus súbditos en la época de su apogeo político.

Otra de las reacciones del abusador fue menos previsible: el día en que lo sentaron en el banquillo se dio algunos minutos para su clásico comportamiento pendenciero, pero en otros momentos lució desorientado, obnubilado por la realidad que -sin protección corporativa, sin el auxilio del aparato del PJ, sin el paraguas del poder político que durante décadas lo apañó- puso frente a sus narices que es un ciudadano más, con el novedoso detalle de que ahora es también formalmente -según los camaristas- un delincuente.

...y una de arena

El drama de la violencia de género, que no nace de un repollo, volvió a impactar a los pampeanos durante la semana que se fue, a partir de un nuevo femicidio -el tercero en el año en Santa Rosa- que dejó al desnudo la negligencia estatal y la desidia de funcionarios teóricamente preocupados por la problemática, que ocupan cargos e invierten presupuesto en la supuesta tarea de prevenir, concientizar a la comunidad, contener a las víctimas y sancionar -o al menos no proteger- a los victimarios.

Una de quienes quedaron en la picota, a partir de su lamentable intervención pública, fue la directora de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa, Fabiana Montañez, quien relativizó de tal modo las responsabilidades del Estado en la materia que dejó la sensación de ser incapaz de propiciar una intervención concreta y efectiva de los organismos públicos que existen para ponerle coto a la violencia.

En lo que puede ser un gesto de madurez, el Concejo Deliberante aprobó de manera unánime un proyecto para hacer notar ese retroceso: la iniciativa fue elaborada por la peronista Fabiana Ballejos y contó con respaldo de ediles de todos los partidos, en el caso del Frente Pampeano con un pronunciamiento concreto y argumentación contundente, mientras que los oficialistas se limitaron a alzar las manos y a exhibir el silencio de quienes no tienen nada que decir (un detalle que hasta permite sospechar que pudieron votarlo confundidos).

Se sumó en la semana otro hecho que por fortuna no encontró el mismo destino fatal, pero bien pudo tenerlo: Rubén Suárez, un funcionario vernista de la Municipalidad de Santa Isabel, golpeó en la vía pública y privó de su libertad a la docente Silvia Viglianco, con quien además de una relación de pareja durante algunos meses, comparte militancia en la Asamblea en Defensa de los Ríos.

El hecho también ostenta dos caras: por un lado, su ejercicio de un puesto de poder le facilitó el pronunciamiento ambiguo de la Asamblea de la que forman parte víctima y victimario, además de contar con el silencio cómplice de las máximas autoridades de la comuna; por otra, evidenció la concientización de parte de la comunidad, puesto que Viglianco salvó su vida -de acuerdo a lo que ella misma interpreta- merced a la intervención de los vecinos y también de algunos efectivos policiales que se habían movilizado para protegerla.

Esa doble cara es la que parece marcar este reciente proceso histórico y cada uno de los hechos de violencia de género que se registran, y que desgraciadamente se repiten de modo virulento y doloroso: de un lado, la connivencia con los violentos, el apañamiento político, judicial, hasta cultural; del otro, la concientización de importantes porciones de la ciudadanía, la participación activa de personas, organizaciones y medios de comunicación comprometidos en la tarea de que estas historias violentas no se reproduzcan.

La situación en La Pampa, a la que algunos dirigentes pretenden seguir presentando como “una isla”, amerita que frente a esta cuestión en particular se dejen de lado la tibieza y las ambigüedades: las características geográficas, poblacionales, políticas y sociales de la provincia debieran permitir un mayor y mejor trabajo en la problemática, para avanzar hacia la meta de “femicidio 0”, pero para ello se requiere de un Estado atento y activo y de funcionarios convencidos.

A partir de diversas enseñanzas de la historia y de legislaciones nacionales, no hay dudas de que se han dado varios pasos adelante a la hora de afrontar una compleja problemática, pero por aquello de que a veces en el mismo lodo aparecen todos manoseados, esa realidad abre las puertas a que en la lucha se mechen oportunistas de ocasión o pronunciador@s de discursos bonitos que cuando tienen que jugar a fondo por la causa privilegian el bienestar personal o la pertenencia a una corporación (partidaria, judicial, o lo que fuere).