Un auditorio colmado por familiares de las víctimas de la denominada Masacre de Trelew, junto a representantes de organismos de derechos humanos, autoridades nacionales y provinciales, vecinos de Trelew y de esta ciudad, estalló de emoción al escuchar la sentencia condenatoria contra 3 de los 5 acusados por los homicidios, lesiones y encubrimiento de esos delitos ocurridos hace 40 años.

El Tribunal Oral Federal de Comodoro, que integran Enrique Guanziroli, Juan Velázquez y Nora Cabrera de Monella condenó a prisión perpetua a tres ex oficiales de la Armada por la ejecución a sangre fría de 16 presos políticos en la base naval Almirante Zar, el 22 de agosto de 1972, y consideró de lesa humanidad los fusilamientos.

Los condenados fueron los ex capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio Jorge Del Real, y el cabo Carlos Marandino. El tribunal los consideró "coautores responsables del homicidio con alevosía" de 16 presos políticos y tres tentativas. Los dos primeros seguirán libres hasta que las condenas queden firmes. Por su parte, los ex capitanes de navío Jorge Enrique Bautista y Rubén Paccagnini, entonces jefe de la base naval, fueron absueltos.

Además, los jueces insistieron con la extradición del represor Roberto Bravo, que vive en los Estados Unidos y un exhaustivo control médico del marino Horacio Mayorga, quien fue excluido de este proceso por sus problemas de salud.

El veredicto causó sensaciones encontradas en el auditorio. Por un lado, la desazón producto de las absoluciones y de la decisión de que dos de los tres condenados eviten la cárcel hasta que quede firme el fallo. Pero por otro, la satisfacción por la declaración de los delitos de lesa humana y la sanción judicial a quienes fueron los ejecutores materiales de los crímenes.

En cuanto a las absoluciones, el fiscal general Horacio Arranz explicó a "Río Negro" que, una vez analizados los fundamentos de la sentencia se dispondrá si es factible interponer recurso de casación para lograr la condena para Paccagnini, aunque ya se descartó cualquier acción contra Bautista por haber sido imputado de una figura penal (encubrimiento) cuya pena máxima –según el código vigente al momento de los hechos– no alcanza los tres años.

También se recurrirá la decisión judicial de permitir que Sosa y Del Real estén en libertad hasta que la sentencia quede firme. Eso podría ocurrir cuando la Cámara de Casación se exprese o si se permite la interposición de un recurso extraordinario ante la Corte, cuando ese máximo tribunal dictamine al respecto.

Una acordada de la Corte Suprema de febrero de este año, exige celeridad a las decisiones de las Cámaras y Tribunales en relación a delitos de lesa humanidad lo que alienta expectativas en que haya pronta definición en estos casos.

El veredicto de los jueces definió mantener el estado actual de sujeción de los condenados, quienes no podrán ausentarse del país, a cuyo efecto se libraran oficios a las autoridades fronterizas.

Una vez firme el fallo los condenados deberán cumplir la pena en una cárcel federal.