En un comunicado firmado por la entidad y difundido esta mañana, la organización cuestionó "el uso de descalificaciones y ataques en sus discursos" y alertó que la utilización de esos modos de atacar a los periodistas "socava las bases de toda convivencia democrática" y "puede ser un disparador para la violencia que el Estado está obligado a contener".

"Todo funcionario tiene pleno derecho a rebatir una versión periodística. Lo que excede los límites propios del respeto a la libertad de expresión y al rol que le cabe al periodismo en toda democracia, es el agravio", manifestó ADEPA en la declaración, al tiempo que indicó que "la injuria y la imputación de delitos proferidos por la máxima autoridad de un país contra un periodista afectan la libertad que requiere el ejercicio del oficio periodístico".