La iniciativa contra la comida chatarra en Colombia que se venía discutiendo desde 2019 logró superar todos los debates en el Congreso en junio de 2021 y se volvió ley de la República en agosto. En esta se estableció un plazo de 12 meses para que el ministerio salud realizará la respectiva reglamentación, para determinar la forma, ubicación y el contenido de los sellos. Sin embargo, al parecer este punto se encuentra envolatado, pues aunque las industrias de comida conocen los términos otros sectores no hicieron parte del proceso. Por lo que el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) le pide al Gobierno una explicación sobre lo que esta pasado y que se tumbe la ley 810 de 2021.

De acuerdo con el Colectivo esta resolución establece unos parámetros mucho más laxos y permite determina que los parámetros de las etiquetas serían estipulados únicamente por l industria de bebidas endulzadas y ultraprocesadas son contar con la participación de la ciudadanía y la academia. En este sentido, Cajar denuncia que si se da el modelo de etiquetas negociado entre el Gobierno y la industria, estas no estarían respaldadas por evidencia científica de académicos independientes y la ‘ley de comida chatarra’ no tendría el efecto esperado.

“El Ministerio tiene la obligación de hacer cumplir el texto de la “Ley Comida Chatarra”, sin embargo, con la Resolución 810 no cumple con ese deber. Se observa un verdadero espacio de cogobernalidad con la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas en materia de políticas de salud y alimentación alrededor de la implementación del Etiquetado Frontal de Advertencia”, escribió el Colectivo de Abogados.

Además, en la denuncia se ratifica que el choque entre la ley 810 y la “Ley Comida Chatarra” se estaría entrando en una choque de intereses que no permite que la aplicación sea efectiva.

“La Resolución 810 de 2021, adopta un modelo de etiquetado frontal que ignora la mayor evidencia científica libre de conflicto de interés, rompiendo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley Comida Chatarra”, anotó Cajar.

Esta malestar también es compartido por la organización Red Papaz que en sus redes han informado sobre la resolución 810 y sus efectos. Por lo que destaran que en una reciente carta respaldada por académicos que pasados unos meses el ministerio de salud no ha cumplido a cabalidad lo acordado en la ley expedida en agosto.

“Ya han pasado cuatro meses y hemos evidenciado que esta gestión por parte del Minsalud no se ha iniciado y, por el contrario, se ha venido socializando la Resolución 810 de 2021 que, si bien se refiere a temas de etiquetado nutricional, no se basa en la mayor evidencia científica, fue publicada antes de la sanción de la ley, contradice lo dispuesto en ella y puede implicar un retroceso en la garantía del derecho a la alimentación y nutrición adecuada”, se lee en el documento.

Frente al tema El Tiempo dio ha conocer una carta escrita por MinSalud, donde señala que la resolución fue resultado de un proceso riguroso y que no va de ninguna manera en contra de la ley.

“Es necesario aclarar que la Resolución 810 de 2021 no solo estableció etiquetado frontal de advertencia (artículo 5 de la Ley 2120 de 2021), sino que también estipuló los requisitos técnicos de las declaraciones de nutrientes, declaraciones de propiedades nutricionales y de salud. El Ministerio de Salud y Protección Social ha revisado la pertinencia de realizar un estudio que verifique si en el tema de etiquetado frontal de advertencia es necesario realizar alguna modificación”, anotó el ente estatal.