Explicó que “inmediatamente que nosotros detectamos las irregularidades, damos intervención a la Fiscalía de Estado, que es el órgano encargado de representar los intereses de la provincia ante el Poder Judicial; una vez que se judicializa, los casos pasan a depender de la celeridad que aplique la justicia”. Reveló que a las 30 transferencias irregulares que está analizando la comisión legislativa constituida para esta temática “yo agregaría unas diez más por lo menos y otras en vías de estudio”.

Álvarez Costa informó, en declaraciones a Radio Encuentro, consignadas por la agencia APP, que tiene como objetivo de gestión “tratar de otorgar un manto de claridad a la gente, a los efectos que sepan cómo son los procedimientos, qué tienen que hacer para acceder a una tierra fiscal, para que sea precisamente un mecanismo público y no una cuestión oculta”.

Señaló que “al momento de ofrecerme el cargo, el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, fue muy claro con la directiva, ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada’, ese es el mandato que estoy tratando de llevar a cabo, estamos tratando de traducir transparencia, que es una materia que estaba pendiente en tierras fiscales”.

Álvarez Costa indicó que a las 30 transferencias irregulares que está analizando la comisión legislativa constituida para esta temática “yo agregaría unas diez más por lo menos y otras en vías de estudio”.

Sobre la cantidad de hectáreas involucradas, dijo que “hay de distinta índole, porque quizás en determinadas zonas se necesita una gran extensión territorial para poder llevar adelante un proyecto productivo, no obstante lo cual en otras regiones, como la zona cordillerana, no se requieren tantas, entonces varía de acuerdo al caso”.

Informó que el caso quizás más emblemático “es el de la Meseta de Somuncura, con un poquito más de 24 mil hectáreas; la Dirección de Tierras per se tomó intervención y giró toda la información a Fiscalía de Estado que ya hizo la presentación judicial pertinente”.

Agregó que “hay otros caso en la cordillera y actualmente estamos recibiendo muchas denuncias relativas a la zona de Catriel por tratarse de una región caracterizada por la explotación hidrocarburíferas y la generación de cánones que se pagan en tal sentido”.

En cuanto a cómo se procede si se demuestran las irregularidades o los ilícitos, indicó, en declaraciones a Radio Encuentro, consignadas por la agencia APP, que “primero lo que hay que determinar es la responsabilidad de los funcionarios en sede penal, a través de la vía contencioso administrativa, se analiza si hubo connivencia o no, si hubo connivencia el estado quedaría exento del pago por la recuperación de las tierras, sino habría que recurrir a otros mecanismos, como la expropiación”.

Respecto a los inspectores con que cuenta el organismo, dijo que “contamos con 8 inspectores y 4 pick ups para recorrer toda la provincia; paralelamente se están jerarquizando las distintas delegaciones a lo largo y ancho de la provincia, a los efectos de descentralizar y descongestionar lo que es la sede central y que los pobladores no tengan que venir a Viedma para poder realizar denuncias, sino que tengan la atención inmediata de los distintos delegados en su zona de hábitat”.

Explicó que “estamos reactivando algunas delegaciones que no tenían delegados y nutriendo de elementos a otras, por ejemplo le hemos dado una movilidad a la de Bariloche para que las inspecciones sean inmediatas, a los efectos de no dilatar la fiscalización”.