El hecho de que el intendente de 25 de Mayo, David Bravo, se haya sentado al fin en el banquillo para afrontar como acusado el juicio oral y público en el que se le imputa el delito de abuso de autoridad es en sí mismo un avance para la ciudadanía pampeana.

Desde ya que ese dato alentador será más o menos positivo de acuerdo a lo que el Poder Judicial determine una vez que se desarrollen las audiencias y el magistrado interviniente adopte una decisión sobre el tema.

Pero mucho más allá de los formalismos, el hecho de que Bravo esté en este lugar es una consecuencia de la importancia que han cobrado determinadas problemáticas, a partir de la concientización que han activado personas y sectores.

Lo que antes se daba por natural -esto es: que los intendentes faciliten el negocio de los delincuentes que abren lugares de “diversión nocturna” que son en realidad sitios donde se explota la prostitución ajena- se ha vuelto ahora un serio problema, mucho más allá de las excusas que encontrará Bravo para tratar de zafar.

El jefe comunal no ahorró ostentaciones de poder, ni durante la audiencia ni en las jornadas previas y posteriores a su paso por el banquillo: su argumento central para salvarse de la acusación que pesa sobre sus espaldas es que las responsabilidades son de sus subordinados, porque “uno no puede ser Superman”.

La cultura que da por natural el despliegue de cabarés asociado a la trata de personas -mucho más en ciudades donde se dispara un “boom” económico como ha ocurrido en 25 de Mayo con la actividad petrolera- es la que llevó al propio Bravo a considerar como “un absurdo” el hecho de que aparezca imputado.

Desde ya que el intendente -que hizo todo lo posible para obstaculizar la causa de modo que no tuviera que llegar al juicio- tiene razones para soñar con una decisión judicial que lo deje al margen, sobre todo a partir de los numerosos hechos en que se ha demostrado la impunidad de la que gozan quienes manejan el poder político en nuestra provincia.

También es verdad que Bravo no es de ningún modo el único intendente asociado -por distintas vías- a estos negocios: ya ha habido en La Pampa otras demostraciones de diversos grados de connivencia y complicidad, desde -y sólo por citar a modo de ejemplo- la protección de que han gozado las whiskerías en Macachín o las declaraciones del intendente de Lonquimay Luis Rogers, justificando la existencia de las transacciones sexuales bajo la excusa de que son una suerte de “contención espiritual”.

Conductas parecidas reinaron durante largos años, no sólo en la provincia, sino en el país, y algo empezó a cambiar a partir de una ofensiva que se juega tanto en el terreno legal como en el político y social.

Si bien habrá que esperar a conocer el final de la historia, este capítulo de un personaje del poder político en el banquillo es, por eso mismo, un modo de acercarse a la justicia y de alejarse de la impunidad.

...y una de arena

La impunidad sigue gozando de buena salud en la provincia: durante la semana que se fue los poderes Judicial y Legislativo sumaron un poroto para ese lado, y sus decisiones prácticamente no generaron sorpresa porque a esta altura no se esperaba otra cosa.

En un caso, los exintegrantes del Tribunal de Cuentas Natalio Perés y Rubén Rivero zafaron de la acusación: al juez Daniel Ralli no le quedaba otra opción que absolverlos, ya que el fiscal Fernando Rivarola decidió no acusarlos.

Es un misterio -ya se ha escrito en este mismo espacio- si Perés y Rivero fueron responsables del descontrol que reinó en el IPAV, pero sí está claro que algún funcionario (¿el exministro y expresidente del organismo, la excontadora general, quién?) debiera haber sido sancionado por esa situación, pero el Poder Judicial no fue capaz de descubrirlo y sentenciarlo.

Eso es impunidad: ha sido cometido un delito de guante blanco y si bien se dio alcance parcial a los ladrones, nadie paga por el descontrol que facilitó y estimuló esa corrupción.

El otro gran ejemplo de protección a los poderosos lo brindó la clase política afianzada en el poder desde el regreso de la democracia: marinistas y vernistas arreglaron en la Cámara de Diputados, con el aporte de otro hombre de la casa -Darío Hernández- la impunidad del procurador general Mario Bongianino.

De ese modo se cerró el círculo del crimen de Sofía Viale: no pagó ninguno de los funcionarios que toman decisiones.

Bongianino zafó como ya lo habían hecho con anterioridad el jefe policial Ricardo Baudaux y el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad César Rodríguez: los diputados de un régimen políticamente anticuado apuestan a que se apague la indignación que generó el asesinato y ansían que el hecho de alguna manera quede en el olvido, convencidos de que el sólo paso del tiempo instala otro temas de impacto público.

De todos modos, hay un dato innegable: la mayoría de los diputados consideró que Bongianino no debiera seguir en sus funciones, ya que 12 legisladores votaron por su destitución y hubo otros 6 que lo acusaron.

Esa situación torna evidente que el funcionario judicial responsable del Ministerio Público provincial queda en un estado de debilidad que, si es por pensar mal, beneficia de alguna manera al régimen político que todavía tiene cosas que esconder o aspectos que meter bajo la alfombra.

El marinismo es de alguna manera padrino político de Bongianino, en tanto que el vernismo todavía debe cuidar las suciedades que dejó en el ejercicio del poder, y piensa en un regreso donde los engranajes centrales del Poder Judicial no le sean una molestia.

Bongianino sabe que seguirá ejerciendo su cargo “gracias” a esos diputados, que prefirieron tirarle un salvavidas antes que atender la demanda de los familiares de la víctima, pero más que de ellos de una comunidad cansada de que l@s muert@s, desaparecid@s, engañad@s y estafad@s sean l@s mism@s de siempre pero nunca haya responsables.