“Acudir a la Justicia es un derecho republicano pero no tienen motivos para hacerlo”, sostuvo el concejal del Frente Nacional y Popular.

Si bien el descontento del sector empresarial por la postura adoptada por la totalidad del cuerpo deliberativo ya se había hecho oír, recientemente un portal de noticias dio a conocer que los concesionarios bregan porque el intendente Gustavo Pulti vete la ordenanza y el proyecto vuelva a ser analizado. Además, deslizaron la intención de realizar una presentación judicial en caso contrario, bajo el argumento de la alteración de derechos adquiridos, contratos vigentes y costos económicos.

Consultado por este supuesto escenario, Garcierena ironizó: “Mucha gente no puede pagar el precio de las carpas y no conozco a una que haya recurrido a la Justicia”.

A modo de ejemplo, se preguntó qué pasaría si en paritarias se establece un aumento del 50% a los guardavidas. “¿No van a tener seguridad en las playas porque no lo pueden pagar?”, cuestionó.

Respecto a la problemática financiera planteada por los concesionarios de los balnearios, Garciarena entendió que el análisis de los concejales pasó por cuestiones más relevantes. “Cuando hablamos de seguridad en las playas evaluamos el costo social y no tanto el económico”, sentenció.

Vale destacar prácticamente la totalidad del cuerpo –con excepción de Guillermo Schütrumpf (GEN)- envió una nota conjunta al presidente de la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines de Mar del Plata (CEBRA), Esteban Ramos, por haber acusado a los ediles de legislar “en forma apresurada y desprolija”. En la misiva solicitaron que Ramos se retracte, en virtud de que el proyecto de ampliación del servicio de seguridad en playas “resultó aprobado luego de haber sido analizado y debatido en profundidad en los ámbitos pertinentes”.