La concejala Silvia Pérez Roldán de Faidutti (PJ), en su argumentación, leyó el decreto firmado por el gobernador Oscar Jorge, en el que indica que se llevarán las oficinas del MBS, pero que se conservará el lugar. "Nosotros no vamos a acompañar la aprobación de este proyecto", sostuvo.

Alicia Iribarren (Frepam) salió a cruzarla: preguntó si el PJ, al momento de haber aprobado, meses antes, un proyecto para que el edificio se convierta en un museo o casa de la cultura, estaba al tanto y compartían el destino que dispuso el gobierno provincial. "No es una cuestión de jurisdicción, no es el Frepam, quien hace el pedido, sino varias organizaciones de amplia trayectoria y de vecinos, que solicitan se tenga en cuenta más que sobre el uso, el no uso que se le va a dar", dijo Iribarren. "Ni siquiera se debatió, ni se consideró el pedido que mandamos a la Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo, al subsecretario de Cultura provincial, para al menos debatir la posibilidad de una Casa de la Cultura provincial, de la ciudad. No corresponde, con total autonomía decidir los destinos de un edificio histórico sin considerar a la población".

Rubén Santillán (PJ) fue el que respondió a la pregunta de Iribarren. "Es real, acompañamos aquel proyecto. Ya planteamos que se evaluara la posibilidad del uso del edificio y seguramente el ejecutivo provincial lo evaluó y lo desestimó".

Gastón Massari Copes (Frepam) agregó otra consideración más al debate, al apuntar los problemas de tránsito y estacionamiento que la medida del Gobierno provincial ocasionará a la ciudad. "En términos urbanísticos mundiales, la tendencia es preservar los edificios históricos y convertirlos en espacios de la cultura. Es muy raro encontrar un edificio de estas características en algún lugar convertido en oficinas", dijo. "Pido que se agregue una mirada como concejales, multidimensional y holística, considerando además, el impacto de estas oficinas en el centro sobre el tránsito. Habíamos logrado mejorar el descongestionamiento y ahora lo vamos a empeorar. Analicemos desde todo punto de vista, si estamos de acuerdo o no en estas consecuencias para la ciudad", propuso.

Eduardo Molteni (PJ) insistió en no apoyar el proyecto. "Es que se pide que no se incumpla con la ley, a eso nos oponemos, porque no se está incumpliendo ninguna ley y no nos oponemos a que se debata".

Guillermo José Di Liscia (Frepam), en tanto, ocupó una banca de concejal para destacar la falta de consideración hacia la voluntad de los vecinos en torno al tema. "Puede ser discutible el término de que se cumpla la ley. Pero lo que no se está considerando es la voluntad de los vecinos. Cuando hay a disposición un edificio del año ‘30, que por su diseño se adecúa mucho más a un espacio de la cultura que a oficinas públicas, lo que está diciendo la ley es: que alguien anoticie al gobernador de que ese edificio tiene características especiales, que alguien le diga al gobernador que se está extralimitando en el uso de un espacio que no es ni del gobierno provincial, ni municipal".

Molteni insistió. "No vamos a aprobar un proyecto que ataca al gobernador diciéndole de que no cumple con la ley", dijo.

Cristina Requejo (Frepam) dijo que no se estaba "ofendiendo" al gobernador. "Simplemente estamos ejerciendo el derecho constitucional de peticionar a las autoridades. Interpretar como ofensa o falta de respeto, el pedido de las instituciones, del Concejo Deliberante de Santa Rosa y de la Cámara de Diputados, es hilar muy fino. Se trata del derecho de peticionar. No con eso decimos que nos digan que sí. Pero ni siquiera respondió a la resolución de Diputados, ni del Concejo, ni de las instituciones tampoco".