Tras una fundamentación basada en la Reforma Constitucional de 1994, otorgando a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales, su aprovechamiento y regionalización, y amparados en los articulados de la Carta Orgánica Municipal de 1999, mediante los que Comodoro Rivadavia reclama como derecho inalienable la participación adicional en las regalías y otros derechos establecidos en leyes nacionales, ayer el Concejo planteó su propio documento en defensa de la vigencia de la Ley Corta y de la Ley Provincial de Hidrocarburos.
Mediante dos artículos, el texto reivindica el inajenable y constitucional dominio originario sobre los recursos naturales existentes en la provincia del Chubut, “expresando el apoyo al Poder Ejecutivo provincial, y legisladores nacionales representantes de la provincia del Chubut, en aras de la efectiva defensa de los mismos”.
Además, exhorta a partidos políticos, organizaciones de trabajadores, cámaras empresariales y entidades en general que actúan en la ciudad dependiendo de la actividad directa o indirecta que tenga que ver con el desarrollo productivo, comercial, social y cultural de los comodorenses, “que se expresen individual y públicamente en defensa del dominio originario de la provincia de Chubut sobre sus recursos naturales, en especial los de carácter no renovable, que dan razón de ser a la existencia de nuestra comunidad”.
Todos y cada uno de los bloques acompañaron la iniciativa con diversas argumentaciones, en las que la posibilidad de plantar banderías políticas no quedó exenta mas allá del objetivo común. Fue así como desde el dasnevismo, Dario Espinosa dijo que “queremos repudiar al Gobierno nacional, que se hace llamar federal pero vuelve años para atrás y parece más unitario que otra cosa”. “Acá va a encontrar muchos caudillos, vamos a defender nuestros recursos como corresponde, y si tenemos que viajar y tomar posición en Buenos Aires, lo vamos a hacer”.
José Gaspar (UCR) planteó que a todos une el objetivo de mantener la soberanía sobre los recursos, enmarcados en la Constitución Nacional y la Ley Corta y consideró que la nueva ley nacional se redacta a expensas de Miguel Galuccio (CEO de YPF) a quien cuestionó por estar trabajando fuera del país cuando la petrolera fue reestatizada, “pero hoy pretende avanzar sobre las provincias petroleras para tener el dinero”.
También planteó consecuencias para la provincia por oponerse a la ley, como quedar postergada de la firma de la nueva etapa del desendeudamiento, junto a otros estados petroleros como Mendoza y Neuquén.
Desde el oficialismo, Viviana Navarro adhirió a lo dicho por su preopinante y subrayó: “no podemos dejar solo a Martín Buzzi en esta pelea que va a tener que dar, tenemos que pararnos donde está parado el gobernador. Una cosa es ser leal, y otra ser obsecuente”, planteó, anticipando que el PJ provincial también emitirá un documento vinculado.
Desde la UCR, Pablo Martínez advirtió en tanto que esta situación “no se vuelva otra 125 para el gobierno nacional”, y que con esta acción el Concejo manifiesta su visión y vocación de defensa de derechos genuinos, donde una política energética también va de la mano de generación de puestos de trabajo e inversión directa.
OBRAS Y CONVENIOS
El Concejo aprobó además la segunda lectura del parador costero que con inversión mediante de 15 millones de pesos, licitará la comuna para que el oferente privado que mejor cotice erija la edificación y sus servicios en el Parque Soberanía, con una superficie de 500 metros cuadrados, reservándose como contraprestación, la explotación del parador durante sus primeros diez años.
Mientras, se aprobó una adenda al convenio rubricado entre el municipio y la unión transitoria de empresas que reunió a Rigel y Edisud, que había sido rubricado durante la intendencia de Martín Buzzi para otorgar 32 hectáreas de tierras, lindantes al autódromo, a cambio de la ejecución de una serie de obras por 16 millones de pesos.
Se explicó en recinto que varias de esas obras fueron ejecutadas por la Provincia y que era necesario reformular el convenio, subrayando que la Municipalidad había recaído en negligencia por no presentar los proyectos sobre los que la empresa debía efectuar las ejecuciones, situación que quedó salvada ahora con la reformulación aunque se subrayó que la comuna deberá hacer las presentaciones efectivas.
Así, la mencionada UTE deberá llevar a cabo obras varias en el club Huergo, sumada a la ejecución de redes de cloaca, agua y energía en 87 lotes de Ciudadela, en 121 lotes del Kilómetro 14, el relevamiento planimétrico y proyecto de amanzanamiento en fracciones 14 y 15 y ejecución de red y distribución de agua en futuras urbanizaciones sobre 251 lotes, A ello debe añadirse la construcción de un salón de usos múltiples, centro comunitario y sede vecinal para el barrio Stella Maris.


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