El Concejo y la protección de los recursos hídricos

Hubo un tratamiento rápido de los pocos temas, se le dio entrada al proyecto de presupuesto participativo, se tocaron algunos temas referidos a la infraestructura vial y se establecieron las formas para proteger el agua de Olavarría.
La sesión comenzó con un minuto de silencio por el fallecimiento del ex concejal Miguel Praiz y su esposa, en un accidente ocurrido en la provincia de Corrientes.

El Concejo Deliberante aprobó anoche la ordenanza que establece la protección de los recursos hídricos en todo el partido de Olavarría. La norma, como puntualizó el concejal Gustavo Alvarez, "no es notoria pero sí muy importante", y por varios motivos.

En primer lugar dispone la protección de los pozos de captación de agua subterránea destinada al consumo de la población, las futuras fuentes de captación de agua potable y los recursos hídricos superficiales. Además, por intermedio de esta normativa se definen aquellas industrias y/o emprendimientos cuya instalación es posible de producir un impacto ambiental nocivo, definiendo zonas de exclusión para las mismas.

Aparte de ubicar los pozos de captación de agua potable, la normativa también determina la zona de exclusión para aguas superficiales y enumera las actividades prohibidas. Se crea una comisión de estudio de impacto ambiental, la que estará conformada por los técnicos de cada una de las áreas del DEM con incumbencia técnica específica.

Por otra parte, un proyecto de comunicación del bloque del PJ, también aprobado, les pide a las instituciones de salud de la ciudad, públicas y privadas, que realicen la práctica de colocación de marcapasos, tengan en disponibilidad este insumo, para dar respuesta oportuna a las situaciones de emergencia originadas en los días no laborables (feriados, asuetos, fines de semana) o por cualquier causal de demora en la entrega de este elemento".

También salió aprobada también una prórroga de 45 días para la "comisión especial para el estudio de explotación de canteras", la que fue creada por Decreto 061/10, el 15 de junio de este año y que tenía un plazo original de funcionamiento de 120 días.

El pedido obedece a la necesidad de continuar recopilando información y antecedentes, y considera que con más datos se podría "lograr un mejor y más acabado análisis de la información disponible".

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