El proyecto fue impulsado por el gobierno municipal. Plantea un cambio en la categoría que incluye a los chalets tradicionales. Según el oficialismo, se van a valorar mejor los bienes. La UCR cuestionó la medida y dijo "no se tuvo en cuenta la opinión de los vecinos".
La propuesta había sido enviada al cuerpo por el gobierno de Gustavo Pulti. "Surge de la necesidad de revisar y redefinir la valoración patrimonial de tales bienes a la luz de los cambios propios de la dinámica urbana de Mar del Plata de los últimos años, que paulatinamente pusieron en riesgo la factibilidad concreta de protección", escribieron en el informe oficial que acompañó el proyecto las arquitectas María Eugenia Millares y Silvia Roma, del Área de Preservación del Patrimonio del Municipio. Y apuntaron que los bienes categoría C representan el 80% de los declarados "de interés patrimonial".
"La importancia que tiene la aprobación de esta ordenanza está dada por la oportunidad de comenzar a utilizar criterios más determinantes respecto de la preservación patrimonial de los bienes inmuebles en el partido. La norma busca cambiar una lógica necesaria para acompañar el progreso urbanístico de la ciudad", defendió el concejal Diego Monti (Acción Marplatense).
Subrayó que los cambios contemplados fueron producto del asesoramiento de la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial, constituida durante la gestión del intendente Pulti. El cuerpo está integrado por los Colegios de Abogados, Arquitectos y Martilleros y las facultades de Arquitectura y Ciencias Económicas.
A juicio de Monti, las variantes que se introdujeron "van a redundar en una mejor valorización de los bienes afectados, necesaria para acompañar el desarrollo urbanístico presente y futuro de la ciudad y su entorno, teniendo en cuenta su historia e identidad".
Para la bancada radical, sin embargo, la norma no fue tratada como debió serlo. De hecho, votó en contra y lanzó fuertes cuestionamientos al Ejecutivo.
Según el concejal Fernando Rizzi (UCR), cualquier modificación al Código que regula las acciones de preservación del patrimonio histórico y arquitectónico de una ciudad "merece el necesario análisis y un grado de consensos".
"El Código tiene 15 años de vigencia y entendemos que una modificación fundamental por lo menos podía tomarse un mes o dos para ser estudiada seriamente", disparó.
La ordenanza establece que, para que un inmueble sea declarado de interés patrimonial, el Municipio deberá contar con la conformidad del propietario. Para Rizzi, eso es "absolutamente difícil de lograr porque se trata de una restricción al dominio establecida en aras del interés público".
A su criterio, también "se dispersa" el grado de protección de los chalets. "Lamentablemente, están siendo destrozados en diversas zonas de la ciudad y tenderán a desaparecer, pese a ser el mayor patrimonio propio de la ciudad porque no existen en otros lugares", advirtió.
Rizzi cuestionó al oficialismo porque "impidió un tratamiento serio y a conciencia" del proyecto y por "no haber tenido en cuenta la opinión de muchos vecinos que manifestaron su inquietud". Por caso, mencionó al coordinador del Consejo Municipal de Cultura, Héctor De Schant, y la defensora adjunta del Pueblo, Mónica Felices.




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