En días más el secretario de Economía y Hacienda, José Reinaldo Cano, asistirá al Concejo Deliberante para explicar los alcances de la declaración de emergencia económica del municipio que propuso implementar por un plazo inicial de 180 días. Así se lo hicieron saber a LA CAPITAl fuentes del bloque oficialista, quienes precisaron que la idea es que el funcionario asista a una reunión ampliada de la comisión de Legislación en el transcurso de esta semana o de la siguiente. Tal como está planteada la relación de fuerzas dentro del cuerpo, es probable que la emergencia termine siendo aprobada sin mayores dificultades gracias al voto de la Agrupación Atlántica-PRO y de la UCR.

Para el oficialismo se trata de una medida "necesaria" con vistas a reducir el déficit y las deudas que el municipio mantiene con proveedores, personal y organismos como el IPS y obras sociales. Con la aprobación de este instrumento el Ejecutivo contará con amplias atribuciones para implementar un ajuste en el gasto y reasignar partidas presupuestarias en función de las nuevas prioridades que defina la gestión. Según el proyecto de ordenanza que fue elevado la semana pasada al Concejo Deliberante el gobierno se propone declarar la "emergencia económica, financiera, administrativa, educativa, social y en materia de seguridad pública a los efectos de posibilitar el análisis y replanteo de los principales contratos de prestación de servicios a la comunidad, actos administrativos e iniciar tareas de reordenamiento, pudiendo proponer nuevos plazos, quitas y eliminación de costos financieros que pudieran existir".

Más allá de que el oficialismo cuente con los votos suficientes para que la iniciativa prospere, antes deberá explicitar sus intenciones ante varios actores, entre los cuales figuran la oposición, organizaciones, empresas e instituciones que se nutren del presupuesto local y el Sindicato de Trabajadores Municipales, que desconfía sobre el uso que el Ejecutivo podría otorgarle a esta herramienta.

Ajuste en personal

Por lo pronto el texto de la iniciativa hace explícita referencia a ciertas medidas que podrían ser adoptadas en relación a los empleados, al señalar que podrán "derogarse los actos administrativos referentes a gestión de personal que no hayan cumplido o hayan vulnerado las normas vigentes". Al emprender el diálogo con la nueva gestión, el STM dejó en claro que llegado el caso podría admitir que se dejen sin efecto nombramientos "probadamente irregulares". Pero no aceptará el despido de trabajadores, incluso el de los temporarios, para los cuales exige su ingreso a la planta permanente.

Según fuentes sindicales, en las últimas horas ya hubo cortocircuitos con el Ejecutivo en relación a este tema, al que le reprochan no estar cumpliendo con un compromiso firmado días atrás por el intendente Carlos Arroyo, consistente en no avanzar con medidas de ajuste contra el personal.

El sindicato apuntó en especial contra algunos secretarios, a los que les imputó desconocer el compromiso asumido por el jefe comunal, acusándolos de haber emprendiendo diferentes acciones orientadas a desplazar a parte del personal de las áreas a su cargo.

Ayer las principales críticas estuvieron dirigidas hacia áreas como Cultura, Salud y Educación, que son algunas en las cuales se está constatando con mayor evidencia la política de reducción de gasto implementada hasta el momento. Otro de los puntos que el proyecto de emergencia aborda en materia de personal, es el que señala que el "Ejecutivo agilizará las tramitaciones de todos aquellos agentes que por problemas de salud estén en condiciones de jubilarse".

Gasto político

Al margen de las medidas de ajuste diseñadas en esta materia, el proyecto también contempla otras de carácter político y simbólico como la de restringir la utilización de vehículos oficiales, limitar los gastos de las partidas de publicidad y propaganda, restringir al mínimo las erogaciones de protocolo, suspender el pago de viáticos a funcionarios a excepción de los autorizados por el intendente y suspender el uso de telefonía celular a cargo del municipio.

Como parte de las atribuciones solicitadas, el secretario de Economía solicitó tener la posibilidad de suspender la vigencia de las ordenanzas que designan fondos afectados, suspender el otorgamiento de exenciones de tributos y revisar las otorgadas. Además pidió que se le dispense al "Ejecutivo el reintegro de las cuentas de fondos afectados de origen municipal indebidamente empleados durante anteriores ejercicios económicos registrados en la contabilidad hasta el 9 de diciembre de 2015".