El Concejo Deliberante aprobó por mayoría el pedido de acuerdo de remoción del Departamento Ejecutivo del tesorero municipal, Cristian Russo,  suspendido después del robo al Palacio Belgrano. 

Como se recordará, en 2010 dos delincuentes ingresaron al Palacio donde funciona el área administrativa y de Hacienda municipal y tras violentar la caja fuerte de Tesorería, se llevaron cerca de 75 mil pesos que no habían sido depositados en las cuentas bancarias de la Municipalidad.

Tras casi cuatro años de instrucción sumarial, el Departamento Ejecutivo determinó la remoción del Tesorero en esos días y requirió al Concejo Deliberante el acuerdo para dicha medida, tal cual lo determina la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por el Frente Renovador, el concejal Germán Aramburu, argumentó en consonancia con el sumario del Ejecutivo, aclarando que se trató de “un trámite por incumplimiento de los deberes de funcionario público, no de la calidad de las personas”. 

El resto de los bloques políticos realizó una encendida defensa del Cr. Russo y acusó al oficialismo de arbitrariedad y de injusticia a la medida dispuesta.

El comunicado del bloque del Frente Renovador

El bloque de Concejales del Frente Renovador, atento a los hechos conocidos respecto a la remoción del Tesorero Municipal, Contador Cristián Russo hace manifiesta su postura política respecto a lo sucedido en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría como así también de los procedimientos previos a dicha remoción.

En primera instancia debe aclararse que el contador Cristián Gastón Russo, en su carácter de Tesorero Municipal, se desempeñaba como funcionario publico y no como empleado municipal. Como todo funcionario su cargo es político por lo que el mismo está a disposición del Intendente Municipal.

Para el Tesorero Municipal, a diferencia de otros funcionarios, debe ser el Concejo Deliberante quien preste conformidad a la decisión del Intendente de proceder a la remoción. (Art. 196 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 6769/58 y Articulo 26 in fine del Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires)

A raíz de los hechos sucedidos el día domingo 29 de agosto 2010, que son de conocimiento público, el Intendente Municipal dispuso, el día lunes 30 de agosto del mismo año, la sustanciación de un sumario administrativo a los efectos de entender las responsabilidades administrativas del Contador Cristián Gastón Russo en dichos hechos. Luego de cuatro años de instrucción de dicho sumario, en más de 380 fojas, el contador Russo se negó a prestar declaración en el mismo no haciendo uso de prestar declaración en el mismo.

En dicho procedimiento sumarial "quedó probado que el Sr. Cristian Russo incumplió con los deberes impuestos por los Arts. 192 y 195 de la LOM  y Arts 18, 19 y 24 del reglamento de contabilidad así  como también lo dispuesto en los artículos 64 y 66 del decreto Nº 2980/00"

De acuerdo a lo indicado por la normativa vigente y ante casos como el descriptos el Concejo Deliberante tiene la función de prestar o no conformidad a lo solicitado por el Departamento Ejecutivo de acuerdo a los fundamentos esgrimidos.

Al Contador Cristián Russo alega que el Concejo Deliberante, al momento de tomar una decisión, no le permitió derecho a defensa. El bloque del Frente Renovador aclara que el Concejo Deliberante no puede otorgar derecho a defensa dado que no es el cuerpo quien acusa ni está conformado en comisión investigadora.

El contador Cristián Russo, junto con sectores de la oposición, han intentado en las últimas horas desvirtuar el rol del Concejo Deliberante en estos casos al exigir derecho de defensa algo que, tal lo dicho, no está entre las funciones del cuerpo

El último el jueves el Concejo Deliberante actuó conforme a lo dispuesto por las Leyes vigentes y el Reglamento Interno votando el acompañamiento o no de lo solicitado por el Departamento Ejecutivo.

En el caso del bloque de Concejales del Frente Renovador, a la hora de aprobar la remoción del cargo del Contador Cristián Russo, se tomó en cuenta el estudio de las más 380 fojas con las que cuenta el expediente administrativo dejando de lado cuestiones personales y/o políticas.