• Si bien nadie se atrevió a defender el funcionamiento del servicio de transporte de la empresa Ersa, algunos ediles oficialistas dieron argumentos formales para no apoyar la iniciativa• Hubo concejales que admitieron haberse enterado “por los medios” • Cabe recordar que el incremento, fue dado a conocer por APFDigital el pasado 16 de abril

La sesión empezó con homenajes a los trabajadores en la víspera de su día, haciendo hincapié en el trabajador municipal.

Luego de pasar a comisión algunos proyectos, el concejal Rettore pidió la palabra, se dirigió a los ediles oficialistas y les dijo que “el mejor homenaje a los trabajadores” debería ser “dar marcha atrás con este decreto”.

Recordó con fechas, todos los pedidos de informe que han presentado sobre el tema. Pidió luego “derogar el decreto de aumento” y que se retrotraiga a cero para convocar a la mesa de transporte.

Cuestionó además que el Estado municipal “no aplica el poder de policía” y no controla a la empresa prestadora del servicio. Lo que hace que “el transporte sea un caos” recordando que las víctimas son “los paranaenses”.

La concejal Rosana Villagra (UCR) apoyó a su antiguo compañero de bancada, también recordó los pedidos de informe presentados sobre el mismo tema. Alertó además que tampoco “se ha cumplido” con la ordenanza que garantiza la accesibilidad a personas con movilidad reducida, para lo cual se pedía a la empresa que adapte las unidades.

El presidente del Bloque del Frente para la Victoria, Juan Manuel Huss, salió al cruce de la iniciativa, aclaró que el tema requiere “otro tipo de debate” y admitió que se tendría que replantear “el transporte público en general”.

Respecto a la derogación del decreto, afirmó que no se podría avanzar porque “se estaría cometiendo una infracción al sistema republicano de división de poderes”, argumento que fue apoyado por su par Enrique Ríos, con fundamentos similares.

Agregó además que “es preciso analizar” la concesión que se delegó a la empresa Ersa en el 2011 y coincidió en la necesidad de “discutir la prestación del servicio y el poder de policía” que debería prestar el Municipio.

El otro autor de la iniciativa, el socialista Marcelo Haddad fue subiendo de tono y terminó increpando a los concejales oficialistas para que de una vez por todas “reconozcan” que estaban de acuerdo con la suba del boleto. “Háganse cargo”, les dijo. Cuestionó también los argumentos de Huss y Ríos: “ahora se preocupan por la legalidad”, señaló.

Argumentó luego que el decreto 721 por el que la intendenta Blanca Osuna autorizó al suba del boleto, es “ilegítimo” e “ilegal”.

“Es ilegítimo porque el Estado no cumple con el rol de poder de policía, no fija tarifa, la fijan los empresarios”, “no modifica los recorridos” y “no tiene información” sobre cuántas personas usan el colectivo, cuantos litros de combustible se gastan por día, etc. Tampoco hubo un “estudio de costos”, presentado por la empresa.

Según Haddad también el decreto es “ilegítimo” porque “regula sobre las normas generales” que establecen conductas para los paranaenses. “Vamos a hacer cumplir con la Constitución Provincial y la Ley de Municipios”, aseguró.

Respecto a la “mesa de transporte”, recordó que tuvieron que modificar la ordenanza porque “se habían olvidado de invitar al Defensor del Pueblo” y advirtió que “solo funcionó una vez para sacarse la foto”.

La concejal utraoficialista Cristina Sosa, por su parte, manifestó sentirse “comprometida” con el tema del transporte y afirmó que solo se está hablando de “efectos y no de causas”. En ese marco, recordó que fueron concejales radicales los que propusieron la prórroga de la concesión a la misma empresa y advirtió que si el Ejecutivo la rescindiera, los paranaenses se quedarían sin transporte o la Municipalidad debería pagar multas costosas por incumplir con los plazos.

Ríos volvió a pedir la palabra para eximir de culpas al Ejecutivo anterior (José Carlos Halle) y recordó que el Ejecutivo “cuenta con las herramientas institucionales y jurídicas para hacer cumplir con las exigencias”.

Luego de una breve intervención de Villagra, hizo uso de la palabra nuevamente el concejal Haddad para pedir el tratamiento sobre tablas. Su sugerencia no tuvo éxito y el proyecto pasó a la comisión de Servicios Públicos para su análisis.

La concejal del Frente para la Victoria, María Elizabeth González, cuestionó la iniciativa del Ejecutivo también, aunque sin apoyar directamente al proyecto de Haddad y Rettore. Se preguntó en ese sentido “en que se beneficia el usuario con el aumento del boleto” e indicó que a los ciudadanos les interesa “poder usar el servicio”.

“Hagámonos cargo de la necesidad de los ciudadanos que son los que nos ha conferido el voto”, pidió. En la misma línea, Gustavo Guzmán y Verónica Martínez (los tres que responden al ala “solanista” del bloque mayoritario) cuestionaron el aumento. Martinez reconoció que se “enteró por los medios” y pidió que se de más información a los concejales sobre cuál sería “el beneficio”. Guzmán fue más contundente y le pidió al a intendenta Blanca Osuna que haga valer su “autoridad” cuando se siente a negociar con los empresarios. Contradijo además a su compañera de bancada Cristina Sosa y refutó que “es mentira” que los paranaenses se quedarían sin transporte si se da por finalizada la concesión, porque la empresa debería prestar servicio por un año más y además habría sobrados motivos. “Si no cumple hay que sacarle el servicio”, rafirmó.

• Donación con cargo a beneficiarios de motocargos

Se aprobó por mayoría un proyecto de ordenanza, autoría de Juan Manuel Huss, mediante el cual se establece la donación con cargo de los motocargos entregados oportunamente a los beneficiarios del programa “Recuperadores de Derechos”, que trabajan en la recuperación de residuos.

Los cargos asignados a la donación exigen de los beneficiarios la abstención de circular con vehículos de tracción a sangre en el ámbito de la ciudad de Paraná; que la carga de materiales que se realicen en el vehículo no exceda los 300 kg por viaje; no utilizar el mismo para transporte de personas; mantener en vigencia el seguro de responsabilidad civil obligatorio, quedando a cargo del donatario el pago del mismo; afrontar el pago del impuesto automotor; contribuir al buen funcionamiento del programa “Recuperadores de Derechos” y continuar participando de las instancias colectivas que promueva la Secretaria de Derechos Humanos, Salud y Educación del municipio.

Se aprobaron además varias declaraciones de interés y los demás proyectos presentados pasaron a comisión.