Los concejales santarroseños votaron por unanimidad un proyecto de declaración donde el cuerpo parlamentario se pronunció contra la reglamentación de la prostitución. Fue presentado por la concejala del Frente para la Victoria, Alba Fernández.

El mismo tuvo despacho en la comisión de Labor Parlamentaria y la concejala Claudia Giorgis (FrePam) pidió la lectura en la sesión de este mediodía.

Allí, la totalidad de los ediles indican que “nuestro país ha ratificado constitucionalmente tratados internacionales en defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y de esa manera se ha constituido en un Estado Abolicionista”.

Recordaron además que el municipio, por ordenanza, prohíbe la habilitación de cabarets, whiskerías y locales afines “adhiriendo en forma implícita a la posición abolicionista de la prostitución”.

“También recordamos que recientemente el Concejo Deliberante ha declarado de interés municipal la marcha ‘Ni una menos’, poniendo de manifiesto el rechazo y el repudio a las distintas formas de violencia contra la mujer, ratificando la necesidad de profundizar desde los distintos niveles del Estado, las correspondientes políticas públicas para prevenir esa violencia y dar contención, acompañamiento y asistencia a las víctimas”, señala el proyecto.

Allí, remarcan que “una de esas formas de violencia contra las mujeres es la prostitución, elemento que históricamente sirvió para subsumir a la mujer en una condición humillante, propio de un sistema patriarcal inhumano, discriminador y violento, y que ahora se pretende disfrazar de ‘trabajo’”.

“Las mujeres prostituidas son explotadas y sometidas a tratos inhumanos y peor aún, incorporadas al mercado de la trata. Muchas veces son las niñas las que se ven sometidas a niveles de violencias extremos, torturas, violaciones y otros vejámenes”, dijeron los concejales, quiens afrimaron además que “la prostitución no es un trabajo, y que no se puede considerar una decisión libre cuando se está sumamente condicionada por circunstancias históricas oprimentes y de franca desigualdad social y cultural”.

Entre los artículos del proyecto, uno de ellos impulsa generar desde el ámbito municipal “y en sintonía con el gobierno nacional y provincial” espacios de debate y generación de políticas claras en relación a la práctica de la prostitución “tanto de hombres como mujeres, a fin de resolver el vacío legal subyacente como las consecuencias psicosociales y económicas que genera la actividad”.

Finalmente, decidieron enviar una copia del proyecto al Gobierno provincial y también a la CTA de los Trabajadores, la central sindical que más abiertamente impulsa la reglamentación de la prostitución y que entre las organizaciones sindicales que la integran tiene a AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), el sindicato de trabajadoras sexuales.