La regulación de los puestos de choripanes está empantanada. Mientras los integrantes de la ONG que solicita permisos para trabajar en la vía pública reclaman día tras día a las puertas de la municipalidad, en la Comisión de Obras del Concejo Deliberante no hay consenso para aprobar una ordenanza que regularice la actividad.

Jornada a jornada, la entidad que agrupa a los choripaneros establece puestos de venta frente a la comuna en señal de protesta. Y si bien eso está prohibido, por el momento las autoridades municipales permiten el reclamo. Mientras, el Concejo parece lejos de llegar a un acuerdo para generar un marco regulatorio.

"Todavía no ha habido un consenso respecto a avanzar o no en lo que sería la derogación de la ordenanza que prohíbe la venta de alimento en la vía pública y la generación de una norma nueva", explicó a LA CAPITAL la presidenta de la Comisión de Obras, Cristina Coria (UCR). "Ellos (por los choripaneros) piden que se les den los permisos. Semanalmente los escuchamos, pero no estamos pudiendo alcanzar una respuesta que les resulte satisfactoria", agregó. La que rige es la ordenanza 6936, promulgada en noviembre de 1987, que autoriza la instalación y funcionamiento de módulos parrilleros en terrenos privados, excepto en el área delimitada por las calles Rodríguez Peña, San Juan, avenida Libertad y el boulevard marítimo Peralta Ramos.

El proyecto que trata la comisión fue impulsado por Lucas Fiorini (Frente Renovador), quien propuso permitir en una primera etapa la instalación de 50 unidades parrilleras que garanticen los estándares bromatológicos para los alimentos y las condiciones de higiene del lugar y los trabajadores.

Coria no cree que sea lo más conveniente: "Estamos intentando ir de menor a mayor, con posturas diferentes. No estoy muy de acuerdo con generar un marco donde sabemos que el esquema de control es complejo". Ejemplificó que el gobierno municipal debería en ese caso hacer un control integral que incluya "la cadena de frío de los alimentos, si el agua viene de un lugar apropiado y a dónde van los desechos".

Informes adversos

El expediente sumó dos informes críticos. "Ante todo, debemos recordar que se encuentra vigente la ordenanza N° 12.277/98, por la que 'se prohíbe en el ámbito del Partido de General Pueyrredon la elaboración, venta, expendio o suministro a cualquier título de productos alimenticios en la vía pública'", mencionó la Dirección de Protección Sanitaria del municipio. Y recordó que las excepciones previstas son las que no generan riesgo "para los productos y consecuentemente para la salud de los consumidores".

La dependencia no ubica entre ellas a la venta de choripanes. "Se debe advertir -subraya- que el procesamiento y expendio de productos de origen animal es considerado desde el punto de vista bromatológico de alto riesgo. Esto es así puesto que los productos cárnicos involucrados pueden ser vehículo de transmisión de gérmenes, como los que causan enfermedades de denuncia obligatoria, como es el caso del síndrome urémico hemolítico, la salmonelosis, la listeriosis y la triquinosis".

Los choripanes "requieren para la conservación de sus condiciones organolépticas y de aptitud el mantenimiento de la cadena de frío con sistemas controlables que lo puedan asegurar", detalló Protección Sanitaria. Y acotó que "una situación de riesgo importante a considerar es la falta de sanitarios para las necesidades de los manipuladores a cargo de las unidades" que aseguren "un correcto lavado de manos".

Según indicó, se debería disponer de suministro de agua a dos temperaturas para garantizar la higiene de los implementos y estructuras involucradas en la elaboración. A la vez, "se debería definir la naturaleza de la fuente calórica para la cocción" y "evaluar el correcto procesamiento a que serán sometidos los productos".

Por su lado, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica cuestionó la posibilidad de que haya una competencia desleal para los restaurantes. "Si bien se entiende la importancia del emprendedorismo en la economía social, nos alarman los efectos que pudieran generarse para los establecimientos gastronómicos legalmente establecidos, habilitados y registrados en el contexto de la economía formal", advirtió. Y se manifestó preocupada porque "un desequilibrio en la actividad con un impacto en la comercialización generado por un aumento de oferta, además de las dificultades existentes por los controles de los distintos organismos competentes, podría provocar el cierre de empresas, desempleo y caída de la rentabilidad".