Llegó la primavera y todo florece, sobre todo los aumentos de precios de alimentos y servicios. Mientras tanto, lo que sigue marchitándose es el poder adquisitivo de los vecinos de San Miguel de Tucumán.

Desde ayer, la comisión de Transporte del Concejo Deliberante tiene en sus manos un pedido de los propietarios de taxis para incrementar en aproximadamente un 100 por ciento el costo del servicio.

Aduciendo un encarecimiento en el precio del GNC y de otros insumos de la actividad, desde el sector pretenden elevar de 2,80 a 5,80 pesos la bajada de bandera, y de 0,20 a 0,35 centavos la ficha que se cobra por cada 100 metros recorridos o minuto de espera.

Se informó que el viernes la Comisión que forma parte del órgano deliberativo analizará el futuro monto que se aplicará, el cual sería inferior al peticionado, por lo que el tarifazo se estaría cristalizando en la próxima sesión, prevista para el jueves 29 del corriente.

El pedido de aumento fue planteado por Antonio Rodríguez, de la Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera (ATIAT), Juan Carlos López, de los "autoconvocados", y Julio Rodríguez, de la Asociación de Conductores de Taxis, durante una reunión con ediles.

De la audiencia, realizada en la sede del Concejo, participaron el titular del cuerpo, Ramón Santiago Cano, y los ediles Esteban Dumit y Javier Morof, integrantes de la comisión mencionada.

Justo y necesario

Al finalizar el encuentro con los taxistas, fue Cano quien se encargó de confirmar que en un futuro muy cercano habrá un nuevo aumento en la tarifa: "No será lo que los taxistas piden pero subirá a más de 3 pesos la bajada de bandera", aseguró.

Justificó su posicionamiento al indicar que "muy posiblemente se aumente la tarifa ya que hace muchos meses que no sufre ningún tipo de incremento, si se tiene en cuenta que las diversas actividades de la provincia sufrieron algún tipo de variación, es justo y necesario alguna actualización del precio en bajada de bandera y ficha". Vale indicar que la última suba tarifaria homologada por el Concejo data de mediados de diciembre de 2010, medida adoptada luego que los taxistas conminaran en varias oportunidades a las autoridades para que accedan a efectivizar tal ascenso.

Además, los taxistas se comprometieron en ese entonces a establecer mejoras y adecuaciones en los respectivos móviles, situación que con sólo ascender a gran cantidad de unidades en circulación demuestra una mora en este sentido, dado el estado deplorable en el que se encuentran los vehículos. Sumado a ello, hay que destacar el comportamiento y presencia de ciertos conductores que no cuidan las mínimas formas o requisitos en lo que refiere al debido respeto para con el pasajero.

El concejal peronista, quien fue re-reelecto en el cargo el pasado 28 de agosto, adelantó que el viernes se reunirá la comisión para analizar el nuevo costo de la bajada de bandera y de la ficha, con lo cual el tema quedaría en condiciones de ser debatido en el recinto.

Es oportuno recordar que el mes pasado, en plena campaña electoral, desde el Concejo habían asegurado que el reclamo de los taximetreros se estudiaría después del 29 de octubre, cuando asuma la nueva integración del cuerpo. Sin embargo, las presiones ejercidas por ese sector del transporte público, con amenazas de movilización incluidas, sumado al hecho de que ya nadie teme el castigo en las urnas, se terminaron imponiendo.

Ilegalidad empresarial

Entre los demás puntos que fueron planteados por el sector, se incluyen la disposición de medidas para combatir a la ilegalidad (taxis truchos) y la necesidad de aumentar el nivel de los montos monetarios que se aplican en razón de multas a los posibles infractores en esta materia. Al respecto, Cano adujo que en la actualidad este monto se ubica en los 1.000 pesos, siendo que lo proyectado e ideado se basa en elevar dicha cifra a la suma de 10.000 pesos "para que aquel que está trabajando de forma ilegal sufra las consecuencias de la tarea que realiza", señaló el titular del cuerpo.

"Es público y notorio que se están manejando grandes mafias del transporte que manejan el sistema, nosotros pretendemos que se acabe con esto para que sea algo transparente, porque la ilegalidad nos está superando a nosotros", indicó el representante de ATIAT. Asimismo, sostuvo que tal situación "nos afecta en cuanto a rentabilidad y seguridad, porque lo sectores más vulnerables de la sociedad, como ancianos y mujeres, padecen los mayores problemas, pues no hay controles en los centros de pago, supermercados, donde más se nota la presencia de autos ilegales".

Al respecto, Rodríguez denunció, en torno a este esquema fuera de la ley, que "al hablar de esto no nos referimos a gente humilde que tiene necesidades, sino a gente que maneja el sistema que son grandes empresarios que tienen entre 30 a 50 autos, entonces no es un problema de que sean pobres, sino que es un hecho delictivo por parte de ellos".

Si bien en un primer momento, los taxistas advirtieron con realizar una movilización en la jornada de hoy con el objeto de presionar sobre los concejales para obtener rápidas respuestas a sus exigencias, tal medida fue suspendida momentáneamente "mientras se mantengan las tratativas y el diálogo", indicó Rodríguez.

En tanto, desde el sector lanzaron críticas a las actitudes demostradas por los ediles de concretar una solución a esta problemática, pues únicamente dos miembros de la Comisión de Transporte se hicieron presentes en el encuentro de ayer.

"Ellos (por los concejales) están en un estado como que han perdido (las elecciones) no se reintegrarán al cuerpo y no vienen a trabajar, por lo tanto lo que estamos tratando de conseguir es que vengan ellos y cumplan con sus funciones, estudien la tarifa de nosotros como corresponde para ver qué respuesta nos dan", alegó el dirigente gremial.

Medidas aleatorias

Al ser consultado sobre la factibilidad de que sea la actual conformación del Concejo la que se aboque a este tratamiento, Rodríguez planteó que "nosotros indudablemente queremos que sean ellos los que traten este tema porque hay una promesa incumplida. Nosotros íbamos a movilizar antes de las elecciones, pero para que no se lo tome como un acto político y a pedido de los concejales que se comprometieron a tratar el tema después de los comicios, es eso lo que nosotros reclamamos ahora".

En tanto, Cano señaló la necesidad de avanzar en otros aspectos tendientes a complementar las futuras medidas que se dispondrán en materia de seguridad. Vinculado a ello, el justicialista aludió que "deberíamos hacer un incremento al canon que ellos (taxistas) pagan de manera mensual para que ese dinero sea destinado a mayor control, para que de esa forma podamos combatir a los ilegales. Hacemos controles periódicos, lo que deberíamos hacer es incrementarlos un poco más".

Es dable recordar que la suma obtenida de dicho canon es utilizada para financiar la logística, operatividad y recursos humanos con los que cuenta el Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros (SUTRAPPA), muy cuestionado también por los taximetreros por las deficiencias demostradas desde su creación hasta la actualidad.

Finalmente, Cano apeló a la conciencia ciudadana orientada a lograr mayores mejoras en este sistema, al aducir que "en todo momento exigimos que se cumplan las ordenanzas vigentes, hay cosas que deben cambiarse, adecuarse. Como ser el trabajar en la educación tanto de taxistas como de los usuarios. Como sociedad misma debemos cumplir con las leyes".

Finalmente, reconoció que "toda vez que se establece algún tipo de incremento, aunque sea medio centavo, no lo toma bien la sociedad, no nos gusta cuando nos tocan el bolsillo".