Con las ausencias de Viviana Navarro (FpV) Darío Espinosa del PJ Modelo Chubut y el viceintendente Carlos Linares, la sesión especial de ayer en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia empezó a las 13:30 y se extendió hasta pasadas las 15. Antes del debate, el Concejo rindió un minuto de silencio en homenaje a los recientemente fallecidos Felipe Escribano y el ex concejal Jesús González Pedroso.

El convenio con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada mereció una aprobación unánime aunque en las expresiones de los ediles hubo reproches por la falta de información por parte de la entidad en relación a la situación financiera que arrastra.

El titular del bloque radical, José Gaspar, aclaró que el Concejo no estaba tratando un convenio con una empresa privada, sino con una entidad “que es de todos”. Así, luego de reseñar parte de la historia de la SCPL, ponderó algunos rasgos de la extensión contractual, como: la imposibilidad de que se ajusten las tarifas de manera automática, el bloqueo para el ingreso de capital privado, y las garantías para el personal.

Finalmente, el ex candidato a la intendencia, hizo el primer reclamo, luego acompañado por todos los ediles, para que provincia se haga cargo de los 47 millones al año que hoy ponen la cooperativa “y los comodorenses” para trasladar el agua de Sarmiento a Comodoro Rivadavia.

Desde el Frente para la Victoria, Mario Soto, afirmó que el convenio que se iba a aprobar “va en línea con la decisión política del intendente, Néstor Di Pierro, que nos pide que trabajemos pensando en dar respuestas a la gente”. El sindicalista consideró que la futura puesta en vigencia del Ente de Control de Servicios Públicos, algo que según el compromiso asumido será -como máximo- en los próximos dos meses, terminará de redondear los datos positivos del acuerdo prorrogado.

Viviana Almirón del PJ Modelo Chubut coincidió en rescatar los valores de la cooperativa y aseguró que la reconducción “le da previsibilidad al servicio y al funcionamiento” de la entidad, algo de la que “en algunos momentos careció”.

En ese contexto, la concejal enumeró algunos artículos del acuerdo, y luego pidió a la cooperativa que cumpla con el envío de información sobre su estado financiero, porque “se dice que la deuda supera los 100 millones pero no lo tenemos en claro”, sostuvo.

“ME CUESTA”

Carlos Vargas (FpV) reconoció que le costaba levantar la mano para extender la prestación por 10 años, porque dijo que la cooperativa, sobre todo las conducciones anteriores, “no dieron muchas respuestas a las necesidades de los vecinos”, y pidió la implementación de una tarifa plana, por la que se atiendan las demandas sociales que “llevan a muchos vecinos, al menos en mi barrio, a colgarse por necesidad”.

El radical Pablo Martínez reiteró algunos conceptos y compartió con Vargas y Almirón el reclamo de contestación de informes y la intervención firme del Estado, como poder concedente, para controlar algunas acciones y situaciones.

Finalmente, Marcelo Rey (PJ Chubut) remarcó la importancia del convenio y pidió, una vez más, que el Estado provincial “asuma el costo del mantenimiento del acueducto”, y que los municipios de Sarmiento y Caleta Olivia le paguen a la cooperativa la deuda que tienen.

La aprobación de la reconducción, tras el debate, fue aprobada de manera unánime por los diez concejales presentes en la sesión que, ante la falta del viceintendente, presidió el edil del Frente para la Victoria, Juan Pablo Luque.