Los concejales de San Miguel de Tucumán siempre "se acuerdan" de los vecinos y ayer, en un rápido trámite, compraron y envolvieron un particular "regalo" navideño. Se trata, ni más ni menos, que de un reluciente tarifazo, esta vez, en el servicio de taxis, que se encarecerá en un 12 por ciento en los próximos días.

Por 16 votos a favor y solamente dos en contra, los ediles aprobaron una ordenanza elevando de 2,50 pesos a 2,80 pesos el costo de la bajada de bandera; y de 0,18 a 0,20 centavos el valor de la ficha que se cobra por cada 100 metros recorridos o por cada minuto de espera.

Es oportuno aclarar que el incremento tarifario recién comenzará a regir cuando el intendente Domingo Amaya promulgue la norma, lo cual se concretaría la próxima semana.

Según confirmó a EL SIGLO el presidente del Concejo, Ramón Santiago Cano, la ordenanza en cuestión será comunicada hoy al Departamento Ejecutivo, que tendrá 10 días hábiles para avalarla o rechazarla.

El anterior incremento en las tarifas de taxis se había aprobado el 18 de marzo de este año cuando, por 13 votos a favor y cuatro en contra, se convalidó una ordenanza que subió el costo de la bajada de bandera de 2 pesos a 2.50 pesos; y de 0,15 a 0,18 centavos el pulso por cada 100 metros.

El concejal José Costanzo (Partido Autónomo de Tucumán), una de las dos voces, junto al republicano Claudio Viña, que se escucharon en contra del tarifazo, dijo que no quiere "ser partícipe de este especial regalo de navidad a los bolsillos de los usuarios" "No es época para aumentar las tarifas, porque los tucumanos ya fueron castigados durante todo el año por la inflación y los incrementos en los servicios públicos. Antes que avanzar con estas medidas, habría que establecer una recomposición salarial para todos los trabajadores", argumentó.

Por otro lado, en la sesión de ayer (la última del año) también por 16 votos a favor contra dos en contra (los de Costanzo y Viña), el Concejo aprobó, por enésima vez, una prórroga para que los taxis viejos, modelos 97, 98 y 99, puedan seguir circulando por las calles capitalinas. De este modo, esas unidades podrán trabajar hasta el 10 de abril de 2011, aunque para ello sus propietarios deberán acreditar que se encuentran realizando trámites para renovar las unidades.

Además los concejales aprobaron una ordenanza por la cual se autoriza hasta el 10 de abril de 2011 el período de transferencias de licencias provisorias, medida que había sido solicitada por los taxistas conjuntamente con el pedido de aumento tarifario.

Quedó firme el veto al

Estatuto Docente

Uno de los puntos más calientes de la sesión tuvo lugar durante el tratamiento de la ordenanza de creación del Estatuto Docente Municipal, que había sido vetada parcialmente por Amaya. Tras un acalorado debate, el oficialismo votó dividido por primera vez en el año y se impuso, por nueve votos a ocho, el criterio de insistir con la ordenanza original, que se había sancionado por unanimidad el pasado 18 de noviembre. Sin embargo, como se necesitaban dos tercios de las voluntades, finalmente quedó firme el veto parcial dispuesto por el Intendente a cuatro artículos de esa norma, uno de ellos referido al cálculo de los salarios de los docentes municipales.

Quienes votaron por la insistencia fueron los oficialistas Hugo Cabral, Teresa Felipe de Heredia, Esteban Dumit, Humberto Marcuzzi, Javier Morof y Noemí Correa; junto a los opositores Costanzo, Viña y José Luis Avignone (UCR). En cambio, quienes avalaron el veto de la Intendencia fueron los peronistas José Franco, Oscar Cano, Ramón Cano, José Miranda, Eloy Del Pino, Christian Rodríguez y Juan Carlos Mamaní; y el ex radical Raúl Pellegrini.

Medidas tributarias

En otro orden de consideraciones, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una ordenanza que dispone una batería de medidas financieras solicitadas a último momento por la Intendencia, la más importante de las cuáles está referida a la posibilidad de aplicar cambios en los tributos municipales.

Mientras que Viña expresó su rechazo total a las medidas, Avignone y Costanzo avalaron el proyecto en general, aunque votaron en contra de cuatro artículos que, a su entender, delegan facultades que son propias del Concejo para que el Intendente establezca modificaciones en el esquema tributario. Entre esas medidas, figuran la autorización para que la Intendencia pueda reducir en hasta un 60 por ciento el incremento en la Contribución que Incide Sobre los Inmuebles (CISI), a partir de un revalúo fiscal que comenzará a aplicarse en 2011. También se faculta al Departamento Ejecutivo a otorgar beneficios fiscales a pequeñas y medianas empresas que acrediten la toma de mano de obra en las zonas periféricas de la Capital.

Según consideró Costanzo "este tipo de decisiones son una facultad excluyente del Concejo, que tiene asignado por ley el rol de otorgar beneficios fiscales y de crear, reducir, aumentar o eliminar los tributos municipales. Estamos frente a un ataque más de la Intendencia contra nuestra institución", lamentó el edil opositor.

Costanzo advirtió que, con este instrumento legal, "Amaya podrá otorgar beneficios a empresas que se radiquen o que amplíen la mano de obra en zonas de alta vulnerabilidad, cuando esa es una facultad excluyente del Concejo Deliberante".

Por su parte, el titular de la Comisión de Hacienda, José Franco, defendió el proyecto asegurando que "hay que darle las herramientas al Departamento Ejecutivo para que pueda llevar a cabo una política de recaudación conforme a lo que se viene invirtiendo".

Otra de las medidas financieras avalada ayer es la implementación de un "Bloqueo Fiscal" destinado a los contribuyentes que deben pagar tributos comunales por el uso del espacio público, como el caso de kioscos, bares y restaurantes, entre otros.

De acuerdo a la iniciativa, estos comerciantes deberán inscribirse en un padrón y si desde enero próximo pagan puntualmente la tasa hasta 2016, la Municipalidad les condonará la deuda contraída con anterioridad.

Tarjetas magnéticas

Contrariamente a lo ocurrido con el tema del Estatuto Docente Municipal, el oficialismo cerró filas y se impuso para evitar el tratamiento, sobre tablas, de un proyecto de la oposición para que el Concejo, a través de sus comisiones, participe activamente en el proceso de licitación del sistema de tarjetas magnéticas para el servicio de ómnibus.

Los opositores solamente pudieron exponer su postura a favor de esta medida durante el período de manifestaciones familiares. El radical Avignone sostuvo que "el Intendente no puede arrogarse facultades que le corresponden al Concejo, que es el que debería analizar el pliego licitatorio de las tarjetas".

Otros proyectos

El Concejo aprobó ayer un proyecto impulsado por el edil Pellegrini que prevé la aplicación del sistema de "probation" para las infracciones de tránsito. De ser promulgado, ese instrumento permitirá que los jueces de faltas dispongan un número determinado de horas de trabajo comunitario y la asistencia a cursos de educación vial y de primeros auxilios para los infractores, quienes deberán cumplir con esas disposiciones obligatoriamente. Finalmente, se avaló otra ordenanza, también promovida por Pellegrini, que apunta a la firma de convenios entre la Intendencia capitalina y la Universidad Nacional de Tucumán a los fines de implementar programas del EPAM (Educación Para Adultos Mayores) en distintos barrios.