Los ediles oficialistas de la Capital homologaron el incremento de casi un 30 por ciento en el precio del servicio de transporte. Desde las bancadas opositoras se objetó que los taxistas no cumplen con ningún tipo de ordenanza y que el incremento es excesivo. El PJ se amparó en el mandato de bloque para votar afirmativamente. Nuevas multas.
Es que tal cual se presagiaba, la totalidad de los ediles oficialistas dieron vía libre a un nuevo golpe al bolsillo de los tucumanos al homologar el incremento en la tarifa del servicio de taxis, por lo que a partir de la promulgación que efectúe el Departamento Ejecutivo Municipal a cargo del intendente Domingo Amaya, el costo de la bajada de bandera subirá de los 2,80 pesos actuales hasta los 3,50 pesos, mientras que el valor de la ficha cada cien metros recorridos o bien por minuto de espera ascenderá de 0,20 a 0,26 centavos.
Cabe recordar que esta iniciativa fue analizada por los concejales luego de recibir presiones por parte de representantes gremiales del sector, quienes amenazaban con paralizar el servicio en caso de que no se acceda a sus exigencias.
Sin embargo, en el debate pudo notarse cierta actitud reacia de los ediles oficialistas a aprobar la ordenanza, aunque finalmente prevaleció el mandato de bloque y argumentaciones que versaban sobre la necesidad, por parte de los taxistas, que a partir de la tarifa establecida se comprometan de una buena vez a mejorar la calidad de la prestación, en lo que concierne al mantenimiento de las unidades y cumplimiento estricto de las normas que reglamentan esta área de transporte.
"Este es el peor momento para decidir este aumento, hubiese sido más decoroso y honesto votar antes de las elecciones o esperar a que asuman los nuevos concejales", manifestó el republicano Claudio Viña. Además, enumeró una serie de obligatoriedades emanadas desde la propia norma del Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros (SUTRAPPA) que no fueron aplicadas desde el momento de su creación, allá por febrero de 2006.
Entre ellas, indicó la desinfección bimestral de las unidades, la presencia de cinturones de seguridad tanto para conductor como pasajeros, vestimenta de los choferes quienes deben contar con una camisa y pantalón largo, prohibición de fumar en los vehículos, como la exhibición a simple vista de la ficha identificatoria del propietario y conductor del taxi.
Aumentos desiguales
"Todas las sesiones sucede lo mismo, hay una abanico enorme de cuestiones que no son cumplimentadas, pero lo que sí se acata a rajatabla son los aumentos en la tarifa", prosiguió Viña. En tal sentido, resaltó que en seis años, la valorización del servicio trepó cerca de un 337 por ciento, índice que fue comparado con los incrementos suscitados durante el mismo período en el precio de la nafta (subió un 210 por ciento) y el GNC (185 por ciento), a modo de cuestionar el desequilibrio a la hora de plantear subas tarifarias.
Antes que termine la alocución del referente opositor, desde las gradas, provino la reprimenda y contestación ante tales aseveraciones, efectuadas por Antonio Rodríguez, titular de Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera (ATIAT). "Parece que se olvida que en la época en la que ustedes fueron gobierno (administración Bussi-Topa) jamás hicieron una modificación en las tarifas", bramó Rodríguez, quien tivo que ser llamado a silencio por el presidente del órgano (en ese momento a cargo de Eloy del Pino).
Por su parte, José Luis Avignone (UCR) resaltó que "al empleado no le conviene este monto, pero sí al que tiene 10, 20 o 40 taxis. La actividad dejó de ser el sustento de una persona, porque en realidad acá se mueven empresas y empresarios que cuentan ya con una flota de móviles". Así también, el correligionario dijo que el servicio "se convierte en algo oneroso para el bolsillo de aquel que pretenda usar este medio de locomoción".
En un primer momento, adujo que votaría la norma en general pero con disidencias en lo particular, al elevar una propuesta para que el incremento sea del 15 al 20 por ciento y no de casi el 30 como promovía el proyecto. Esta petición fue rechazada por el cuerpo, razón que obligó a Avignone a votar por la negativa.
Desde la bancada justicialista, una de las voces que defendió la iniciativa fue Esteban Dumit, quien aclaró que "más de un concejal no está de acuerdo (con la suba) pero se acoge a la decisión del bloque y además porque debemos asumir responsabilidades, con lo cual lograremos el beneficio de los taxistas y mejoraremos el servicio para los ciudadanos".
Finalmente, la votación tuvo 14 voluntades oficialistas más de los aliados circunstanciales a favor de la norma, contra las posturas en contra de Viña, Avignone y José Costanzo (Partido Federal).
Multas para los ilegales
Sin embargo, estas no fueron las únicas discordancias que se proyectaron sobre este tópico, puesto que con anterioridad, los cruces dialógicos se sucedieron en razón del incremento de las multas para quienes presten el servicio del SUTRAPPA de forma ilegal. Al respecto, vale indicar que aquellos que circulen sin licencia serán sancionados con una multa de 10.000 pesos (hoy en día llega sólo a los 1.000 pesos), en tanto para los que presten el servicio y asciendan pasajeros en la ciudad, pero con una licencia correspondiente a otro municipio, la penalidad será de 5.000 pesos, finalmente 2.000 pesos deberán erogar los que circulen sin la ficha identificatoria. "Estos montos quizás lleguen a ser confiscatorios, si se hubiera cumplido con el artículo 46 del Código de Faltas, todo transporte ilegal debió haber sido secuestrado durante seis meses. Pero ¿adónde están esos autos en todo este tiempo? Siguen traficando ilegalmente porque pagaron la multa y salieron por la puerta de atrás. Cuando en verdad tendríamos que tener abarrotados los corralones de vehículos", estipuló Avignone.
Asimismo, criticó el funcionamiento del SUTRAPPA al señalar que carece de capacidad operativa y administrativa para llevar a cabo los controles pertinentes.
Para contrarrestar las objeciones, Javier Morof (aliado del PJ) indicó que lo recaudado por la multas "será para informatización y control del servicio. Esto no es confiscatorio porque no llega ni al 20 por ciento del valor total del automóvil. Lo que estamos dando son los elementos, ahora dependerá del Concejo, del Ejecutivo y de la Asociación de Taxis el terminar con el transporte ilegal, porque a partir de ello, no será necesario más el aumento de tarifa ya que se trabajará mejor".
Una sesión con presencias inesperadas y despedidas silenciosas
Lo que resultaría un merecido homenaje para con el doctor Manuel Gonzalo Casas, al ser declarado "Ciudadano Ilustre post mortem" de la Ciudad, levantó más de una suspicacia, puesto que al momento de efectuar la entrega de la placa conmemorativa a los hijos del agasajado, se hizo presente en el recinto el concejal electo Germán Alfaro, fiel ladero del intendente Domingo Amaya. Justamente, esta cualidad es la que muchos alperovistas toman con recelo, pues entre Alfaro y Ramón Cano, se desatará la disputa para definir quién será el encargado de conducir el órgano a partir de octubre cuando se produzca el recambio de los ediles surgidos de los comicios pasados.
Vale señalar que Cano, con el apoyo del propio José Alperovich aspira a mantener la presidencia del Concejo, como a lo largo de los últimos períodos. Sin embargo, el acople bendecido por el gobernador obtuvo menos votos que aquel liderado por el delfín de Amaya, con lo cual la negociación entre las partes tenderá a ser reñida.
Ligado a esto, ayer pudo haber sido la última sesión para seis concejales entre los que se encuentran José Franco, Teresa Felipe de Heredia, Raúl Pellegrini, Noemí Correa, Sara Augier y José Costanzo, al no revalidar en las urnas sus respectivas bancas. Sólo las tres damas no tomaron la palabra durante el debate. Otro concejal electo que estuvo en las gradas a modo de anticipo de su futura labor fue el referente del PRO, Roberto Ávila.






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