Finalmente, el Concejo Deliberante capitalino dio su aval para que la tarifa en el servicio de taxis sufra un incremento en el orden del 45 por ciento, si se tiene en cuenta el ascenso en lo que refiere a la ficha cada cien metros o bien minuto de espera que pasó de los 0,26 a los 0,38 centavos, mientras que el valor de la bajada de bandera se encareció desde los 3,50 a los 4,50 pesos (es decir en un 30 por ciento).

Al respecto, el presidente del órgano deliberativo, Ramón Santiago Cano, quien se encuentra al frente de la Intendencia por un viaje y pedido de licencia solicitado por el jefe comunal Domingo Amaya, promulgó la ordenanza en horas de la tarde, por lo que entró en vigencia desde las 0.00 de hoy, razón por la cual los taxistas deben modificar el reloj taxímetro, ajustándolo a la nueva tarifa.

Si bien es cierto que la totalidad de los miembros del cuerpo coincidieron en la necesidad de otorgar esta suba para el sector taximetrero debido al alza en los costos que influyen al momento de mantener las respectivas unidades, las diferencias entre los ediles del oficialismo y oposición radicaron en los niveles de aumento.

En tal sentido, vale señalar que el dictamen que obtuvo los votos necesarios para homologar la iniciativa fue el suscripto por los referentes del PJ en la Comisión de Transporte, dictamen que obtuvo 12 votos afirmativos (la bancada oficial), con la postura en contra de los concejales Claudio Viña (Fuerza Republicana) y Roberto Ávila (PRO).

Una situación particular afrontaron los representantes de la UCR, José Luis Avignone y Roque Mendía, como así también Sandra Manzone (Coalición Cívica) ya que por un error o bien distracción por la metodología de la votación en la que se incurrió, en un primer momento el trío de ediles acompañó al PJ al expresarse de forma positiva por el dictamen mayoritario. Sin embargo, percatados del error, solicitaron se deje constancia que en verdad ellos no concuerdan con el precio fijado finalmente, sino con un parámetro inferior.

Durante el tratamiento de esta temática, saltaron a la palestra nuevamente las falencias detectadas en el SUTRAPPA, a lo que se agregó una serie de exigencias hacia propietarios y choferes para que se ajusten a las normas establecidas en la reglamentación del sistema de transporte.

Beneficios y rentabilidad

Al momento de defender la iniciativa, Esteban Dumit (presidente de la Comisión de Transporte) adujo que desde hace cinco meses datan los pedidos efectuados por los taxistas para obtener un aumento en la tarifa. "Sin embargo, no hemos podido hacer caso a lo que ellos planteaban (una suba que llegaba a casi el 100 por ciento) sino que avanzamos en un monto menor porque la decisión política ya está tomada", indicó.

En tanto, Manzone, en aras de justificar el encarecimiento (ella presentó un dictamen propio que establecía una bajada de bandera a 4,50 pesos y la ficha a 0,35 centavos, desechado por el oficialismo) mencionó que "el sector está atravesando un difícil momento debido a la inflación que impacta en los insumos, como ser el metro cúbico de gas ya se ubica en los tres pesos y próximamente tenderá a subir aún más, todo ello hace al desgaste propio de la actividad".

Aclaró además que no podía alinearse con el justicialismo puesto que "un aumento excesivo no redundará en beneficio del sector sino que tenderá a disminuir la cantidad de pasajeros. Hay que contemplar la realidad económica de la ciudad con ingresos y bolsillos flacos". Paralelamente, la opositora recalcó que con la suba homologada "nadie se enriquecerá con la actividad, salvo aquellos grandes empresarios que cuentan con una flota significativa de vehículos, pero por lo menos se avanzará en sanear los costos".

Finalmente, señaló que cuando pueda arribarse a la transparencia en el SUTRAPPA (sobre el que recaen denuncias por presuntas irregularidades, incluso la gestora de las demandas judiciales fue la propia Manzone) "se permitirá una mayor rentabilidad en el sector y mayores beneficios para todos los actores involucrados". En lo que se relaciona con el cuestionado sistema, indicó que luego de seis años en el que se sancionó esta norma, oficialmente se reconoció hasta el momento la existencia de solamente 1.088 licencias definitivas que se otorgaron, las cuales fueron publicadas en la página web del municipio.

Por su parte, Avignone, al hacer uso de la palabra, sostuvo que "en épocas de crisis e inflación resulta difícil determinar una tarifa justa". El radical también aprovechó el momento para cargar por el estado de situación que envuelve a la prestación del servicio y acusó que los choferes y propietarios "no cumplen las ordenanzas y el municipio tampoco se destaca por efectivizar los operativos".

A su vez, instó a las autoridades a que previamente a que entre en vigencia el aumento de la tarifa, se avance en una constatación para que los vehículos adecuen sus relojes para poder cobrar el nuevo valor, a través de la presentación de la constancia respectiva de las empresas homologadas por el municipio.

Tal solicitud fue rechazada por el oficialismo al alegar que se trata de una medida muy difícil de practicar en razón de que se habla de una flota de más de 5.000 vehículos que deberían realizar este trámite.

Cumplimiento de normas

Al momento de fundamentar la negativa al proyecto, Claudio Viña estimó que el 45 por ciento de ascenso en el valor es una magnitud sustancial que supera casi en el doble a los niveles de inflación calculados por consultoras privadas. "A mayor precio, disminuye la demanda y con un exceso de oferta, si sumamos los autos legales e ilegales, todo ello se traduce en una baja de la rentabilidad y por ende en la recaudación", alegó el republicano.

Asimismo, criticó el artículo dos de la norma, donde se consigna que el Departamento Ejecutivo deberá hacer cumplir la ordenanza del SUTRAPPA. "Resulta lamentable que se aclare esto en el articulado, es insólito que le roguemos al Ejecutivo el cumplimiento de una ordenanza, y esto es el resultado de una repartición ineficiente".

Viña también hizo mención a que los taxistas todavía no poseen la ficha identificatoria en las unidades, "esto se debe al empleo en negro que significa esta actividad que cuenta con la vista gorda de la Secretaría de Trabajo y la AFIP". Además, el edil opositor mencionó que retirará su propuesta para establecer un incremento en la tarifa nocturna del servicio ya que "al aprobarse este aumento, significaría un incremento más para el vecino", postuló.

En lo que respecta al posicionamiento adoptado por el referente del PRO, Roberto Ávila, resaltó que el dictamen de mayoría "no se constituye en una herramienta que equilibre los intereses de la actividad y de los usuarios, porque beneficiamos sólo a un lado de la balanza. Tenemos que bregar por una mejora en el sistema de control y así lograremos una actividad competitiva, porque castigándolo al usuario no será la solución de todo esto".

Por último, José Franco (PJ) reconoció que "es difícil argumentar un aumento ante la sociedad. Pero el incremento es necesario porque con esto el cuerpo asume la responsabilidad para que en febrero no nos pidan (desde el sector) una prórroga en la renovación de las licencias como represalia a que nosotros no quisimos darles el aumento", sostuvo el oficialista.

Viejos conocidos y un nuevo por conocer

En la sesión de ayer, el Concejo también eligió su mesa de conducción que por noveno año consecutivo será presidida por Ramón Santiago Cano, mientras que la vicepresidencia primera recaerá en Eloy del Pino y la vicepresidencia segunda quedará en manos de Luis Marcuzzi, todos ellos en representación del PJ.

Justamente esta situación, llevó al radical José Luis Avignone a solicitar, en nombre de todos los opositores, la posibilidad de abstenerse de votar en lo que concierne a las vicepresidencias, pues se argumentó que los sectores refractarios merecían un lugar en la conducción del órgano deliberativo.

Además, al final de la sesión, se designó interinamente en el cargo de Prosecretario Administrativo a José Alberto Cúneo Vergés en reemplazo de José Franco, quien asumió en la banca que pertenecía Rosa Elsa Arias.