El lanzamiento de estos loteos está dentro del programa "Mi Tierra, Mi Casa", que fue presentado en agosto de 2012 con el objetivo de facilitar el acceso al suelo para los santafesinos.

El proyecto debía haberse enviado a finales de marzo, pero las trabas impuestas a los nuevos loteos hicieron que se retrasara el debate en el Concejo Municipal. Vale aclarar que estos lotes públicos no deberán pagar ningún canon adicional de ninguna especie.

El "Convenio de Colaboración y Gestión de Urbanizaciones de Interés Social" suscripto entre la provincia, el Municipio y el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) el pasado 26 de setiembre de 2012 y ratificado a partir del decreto Nº 36.999 del DEM implicaba una inversión total de 58 millones de pesos entre los estados Provincial y Municipal en obras de infraestructura. El loteo se desarrollará en los terrenos comprados por el IMV, con un total de 44 ha. y sumando el predio adquirido por la Provincia para el fallido Plan Federal II, en donde se iban a construir 600 viviendas.

De ese monto total de inversión, ejecutará a su cargo el 65% de los trabajos, mientras que financiará el 35% restante, a cargo de la Municipalidad pero con un crédito que le otorga el gobierno de Santa Fe a 10 años con una tasa de 6% anual. Este es uno de los puntos principales de la ordenanza a analizar por el Concejo, dado que se autoriza al Ejecutivo a endeudarse por un monto -estimativo- de 19.850.000 pesos. Como garantía del empréstito se pone la coparticipación federal y los aportes que le correspondería al Municipio

Las obras tienen que ver con apertura de calles, desagües pluviales, alcantarillado, red de energía eléctrica de baja tensión y alumbrado público, red de agua potable y forestación.

Las urbanizaciones están ubicadas al norte de la ciudad, y se emplazan en dos amplios terrenos. Uno, de propiedad provincial, posee 33 hectáreas y de allí se generarán 680 lotes de entre 220 y 300 metros cuadrados. El otro, en manos del municipio, tiene 44 hectáreas y producirá una oferta de 860 lotes, de similares dimensiones.

De acuerdo a lo anunciado en setiembre pasado, las parcelas tendrán un valor de referencia, con la infraestructura incluida, que oscilará entre 40 y 50 mil pesos, que podrán ser abonados mediante planes flexibles de financiación. Todos contarán con los servicios básicos, como cordón cuneta, ripiado, desagües pluviales, energía eléctrica, agua potable y alumbrado público. El 10% de la totalidad de los terrenos será preservado para espacios verdes, centros de salud y/o escuela.

El Gobernador explicó que “para dar una respuesta rápida, en una primera etapa van a estar disponibles 600 lotes” que serán sorteados entre todos los inscriptos, tanto los anotados en el Instituto Municipal de Vivienda de Rafaela como en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU).

Uno de los principales temas que preocupaba era el acceso al agua potable, dado que se tendría que construir una planta de ósmosis inversa para asistir al sector. En marzo pasado, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, Mariana Nizzo había adelantado que se enviaría la ordenanza cuando estuviera terminado el estudio de impacto ambiental. Además, consideró que el tema del agua no debería ser un problema, ya que "por lo que la Provincia se comprometió y sus tratativas con ASSA, habrá una planta de ósmosis inversa específica para esas urbanizaciones".

Jorge Maina, actual presidente del Concejo Municipal, había puesto en duda su voto afirmativo, dado que quería tener el detalle del estudio de impacto ambiental antes de aprobarlo. Hoy, seguramente, será un día de definiciones importantes en el Concejo.