El Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo municipal que declara la emergencia del servicio del transporte público urbano de pasajeros. Tendrá vigencia por 180 días, con la posibilidad de una única prórroga por parte del Ejecutivo por el mismo plazo.    

La normativa le permitirá al Municipio implementar las acciones necesarias para revertir el estado de crisis en el que se encuentra el servicio, profundizado por el conflicto laboral en la empresa Autobuses Santa Fe, que envió telegramas a sus trabajadores anunciando sus despido a partir del 5 de marzo y del 5 de abril.

El artículo 1° dispone “declarar por el lapso de seis (6) meses la emergencia en el Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en la ciudad de Ushuaia, la que podrá ser prorrogada por única vez por idéntico plazo en forma debidamente fundada por el Departamento Ejecutivo Municipal”.

El 2° faculta al Municipio a “realizar las compras de equipamiento, repuestos y/o materiales o alquiler de los mismos, como también realizar las contrataciones necesarias para la normal prestación del servicio de transporte enunciado oportunamente, en el marco de la emergencia declarada en el artículo 1°”.

En tanto, el tercero autoriza al Ejecutivo municipal a “realizar modificaciones en las condiciones de la prestación: frecuencias de los recorridos, traza de los recorridos, tarifas y cantidad de unidades afectadas a fin de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio por el tiempo que dure la emergencia”.

La iniciativa se fundamenta en “los incumplimientos del concesionario Autobuses Santa Fe SRL al contrato suscripto en fecha 27 de diciembre de 2013 registrado bajo el N° 8007” y en que “el servicio que se presta actualmente se aleja de las disposiciones acordadas por las partes, siendo ampliamente deficiente”.

También que “las deficiencias en la prestación del servicio concedido se encuentran acreditadas en el informe emitido por el Juzgado Administrativo de Faltas donde se registran incumplimientos por parte del concesionario Autobuses Santa Fe SRL en relación a la cantidad de unidades afectadas al servicio en los distintos recorridos, al incumplimiento de controles y mantenimiento de las unidades afectadas al servicio, el incumplimiento en las frecuencias contractualmente acordadas, acreditado en la existencia de 84 causas con sentencia de imposición de multas firmes al 17 de diciembre de 2015, por la suma de 132.180 pesos, 201 causas con sentencia de primera instancia por la suma de 4.164.962 millones de pesos”. Y que “esta situación se agrava debido a las manifestaciones rescisorias del contrato vigente, comunicadas en fecha 28 de diciembre de 2015 y 7 de enero de 2016, por el concesionario del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros Autobuses Santa Fe SRL al Departamento Ejecutivo Municipal”.

Otra consideración que sustenta la iniciativa es que “en el marco de sus competencias el Municipio debe controlar, realizar el seguimiento y garantizar el resguardo de la calidad del servicio prestado, procurando la defensa y protección de los derechos de los usuarios y consumidores, debiendo asegurar las condiciones de continuidad, generalidad y accesibilidad para los usuarios, conforme el artículo 101 de la Carta Orgánica Municipal”.

Una herramienta “fundamental” 

Durante el tratamiento del proyecto en sesión el concejal Juan Carlos Pino (FPV) sostuvo que “declarar la emergencia del transporte de colectivos no es sólo aprobar una ordenanza, sino que estamos hablando de vecinos que por las deficiencias del servicio de colectivos tienen que contratar a terceros para poder movilizarse” con el costo que ello implica.

El edil planteó a sus pares que “como concejales tenemos la responsabilidad de ver cómo solucionamos esto en conjunto con el intendente”, más teniendo en cuenta que “estamos cerca del comienzo del ciclo lectivo y cada año a esta altura tenemos este problema”.

Luego advirtió que “la empresa de alguna forma tiene de rehén al Municipio y esto no lo podemos permitir”, y entre las falencias del servicio apuntó que “la empresa debería tener 22 unidades funcionando y haciendo los  circuitos como corresponde, cada 15 minutos, y hoy con mucha suerte hay 12 unidades funcionando. Y el costo del mal servicio lo paga el vecino. Acá el perjudicado es el vecino”.

Pino consideró “fundamental” declarar la emergencia ya que “es una herramienta que le va a permitir al Municipio realizar contrataciones, comprar equipamiento, crear nuevos circuitos y dar soluciones. Le permitirá contratar a esta empresa o a otra, y si es necesario también municipalizar el servicio”.

Asimismo, entendió que “hay una decisión que se ha postergado, acá tuvimos cooperativas, tuvimos a una empresa como Tailem que cinco meses antes de terminar el vínculo se llevó los colectivos nuevos de la ciudad, y tenemos a Autobuses Santa fe que no invierte en la ciudad desde 2012”.

“Queremos que el vecino tenga un servicio eficiente, que no tenga que estar pensando si el colectivo va a pasar o no a horario, son muchas las consecuencias para el vecino cuando las prestaciones no son las que corresponden”, amplió.

El titular del legislativo capitalino remarcó que “estamos convencidos de que el Municipio tiene que tomar la decisión de municipalizar el servicio. Hay que tomar decisiones que sean definitivas” porque la empresa “se lleva más de 24 millones de pesos” en subsidios nacionales, provinciales y municipales pero no hay una inversión acorde a ello para mejorar la calidad del servicio.

Por último, Pino argumentó que la ordenanza “le permitirá al Intendente tomar una decisión acorde a las necesidades de la Municipalidad y de los vecinos”.

Coincidencias 

La misma visión sostuvieron, con matices, el resto de los ediles. 

El radical Juan Manuel Romano sostuvo que la emergencia “es una herramienta fundamental para poder encontrar las acciones y políticas necesarias para encaminar una situación que no resiste mayor análisis”, a lo que sumó que “celebramos que de una vez por todas el Ejecutivo municipal pueda poner en discusión a través de esta herramienta la calidad del servicio por delante del costo del servicio para el vecino”. 

Recordó que “el Ejecutivo anterior envió al concejo Deliberante un pliego licitatorio que no se discutió” y observó que la situación de crisis “se viene dando desde hace muchísimos años, no desde hace ocho; hace muchísimos años que la ciudad no encuentra el camino para poder solucionar la problemática del transporte de pasajeros”. Y evaluó que en la actualidad en función de la calidad “no tendríamos que estar discutiendo si es un servicio que vale 13, 9 ó 4 pesos, es un servicio que no vale, que vale 0 pesos”.  

Por su parte, Tomás Bertotto (PRO) argumentó que “esta emergencia le dará al Ejecutivo las herramientas para tomar al toro por las astas” y que “en el corto plazo de un mes volveremos a ver qué hizo el Ejecutivo”. Y aseveró que “queremos que el vecino empiece el año con un mejor servicio”. 

En tanto, el concejal Silvio Bocchicchio evaluó que “la declaración de la emergencia está más que justificada, estamos ante un Ejecutivo que tiene otra visión del transporte público, visión a la que acompañamos”. 

Además, planteó en esa línea que “coincidimos en la preocupación y en la necesidad de desarrollar un servicio que tiene un rol indispensable”. 

Finalmente, cabe mencionar que el Legislativo de la ciudad también sancionó por unanimidad el proyecto de ordenanza que crea la Secretaría de Medio Ambiente Municipal. Y por mayoría aprobó la modificación con carácter transitorio del Convenio Municipal de Empleo acordada por el Ejecutivo de la ciudad con los gremios municipales, para regularizar la situación trabajadores contratados y pasantes que prestan servicio en el Municipio.