El Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó por mayoría el pedido de interpelación a la subsecretaria de Desarrollo y Gestión Urbana de la Municipalidad, Viviana Guglielmi, y al subsecretario de Servicios Públicos, Néstor Cano. Cabe mencionar que ambos funcionarios fueron denunciados civilmente por el Tribunal de Cuentas, por el supuesto perjuicio al Estado municipal en la contratación de trabajos de mantenimiento de garitas de colectivos y en el camping de la ciudad. El organismo de contralor considera que no está probado que los mismos se hayan concretado. El cuerpo aprobó un proyecto de resolución que contó con el acompañamiento de todos los bloques, a excepción del oficialismo. Además, en la primera jornada de la sexta sesión del año, además, los concejales atendieron las inquietudes en torno a los contratos en el municipio, presentadas en uso de la banca del vecino. La sesión continuará hoy a las 12.

La interpelación fue aprobada por los bloques de la oposición en el Concejo Deliberante al conocerse la resolución plenaria del Tribunal de Cuentas "en donde se denuncia perjuicio fiscal constatado".

Los funcionarios del ejecutivo municipal deberán acudir al Concejo Deliberante el próximo martes 15 de junio a la hora 11, en el recinto de sesiones.

La concejala Adriana Chapperón (UCR) aclaró que su postura no refirió a la negativa de pedir información sino a la figura de "interpelación".

Los ediles también remitieron al Tribunal de Cuentas copia del expediente municipal relacionado con pagos realizados a la cooperativa Magi Mar a efectos de solicitarle a ese órgano que analice y emita dictamen sobre el mismo.

Por otra parte, participaron en la sesión dirigentes de gremios municipales, quienes argumentaron su postura de mantener el ingreso de los contratados a la planta de la Municipalidad por concurso de antecedentes y oposición.

Tras cinco horas de debate el asunto derivó en la votación dividida de los concejales, quienes por mayoría (Adriana Chapperón, Omar Coria, José Luis Verdile, Damian De Marco y Mario Llanes) ratificaron el acta acuerdo entre el ejecutivo municipal y CoPARL que dispone el ingreso de los contratados por concurso de antecedentes y antigüedad. Los ediles argumentaron el "propósito primero" de la decisión "que es llevar tranquilidad a las familias involucradas".

En tanto, los concejales Juan Pino y Luis Cárdenas solicitaron el giro del asunto a la comisión para un mayor análisis, pero la moción no prosperó. Ambos volvieron a reclamar "la no presentación en tiempo y forma de los proyectos del Ejecutivo, lo que impide que éstos sean considerados con detenimiento".