La concejal Marta Gómez justificó a Larrea en el municipio y "ordenó averiguar las imcompatibilidades de los ministros del Gobierno"

En una clara defensa a la incompatibilidad de Larrea en la secretaría de transporte municipal, la concejal se puso a la defensiva pidiendo que "mas vale investiguen al ministro de producción", desviando el foco de la discución en torno al funcionario comunal. En una infantil e incomprensible postura ante Radio Pacífico, la edil sostuvo que "Larrea era empleado de Romero, pero en el Chaco y no acá".
Lejos de que se esclarezca y apacigüe la polémica desatada acerca de la función incompatible o no de Gustavo Larrea en el municipio capitalino como responsable del área del transporte, el proceso se dilata y las explicaciones no llegan. En esta oportunidad la que se refirió al tema fue Marta Gómez, quien proyectó su particular visión en defensa del funcionario: "Nosotros tenemos la seguridad de que no hay incompatibilidad de función al respecto. Él antes de asumir su cargo renunció como asesor de la empresa. Además, trabajó en el Chaco y no en nuestra jurisdicción", dijo.

"Larrea tiene la intención formal de contestar lo que requiere el informe. Ahora, en un análisis muy mío, tendrían también que hacerle pedir informes a muchos ministros de la gestión provincial. Por ejemplos el ministro de la producción Vara, que forma parte de la Confederación de arroceras. Asique de ética me parece que tenemos que callarnos", continuó la concejal en un intento de justificación confusa.

Cuando la mesa periodística de "Mañana Pacífica" le preguntó específicamente si le parecía correcto que Gustavo Larrea ocupe el lugar público dentro del municipio, cuando fue funcional de Juan Carlos Romero (dueño del transporte urbano en la capital), Marta Gómez respondió con total sinceridad y repitió: "Él no trabajó en esta jurisdicción. Además, se lo tomó por su capacidad y no por lo que fue en el pasado".

Por último, señaló que tiene la "plena confianza" de que Larrea va a trabajar bien dentro del área municipal del transporte y redundó en que no está en incompatibilidad con respecto a su actual función, resistiéndose a la homologada ley de ética pública que rige en el municipio capitalino.

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