Finalmente, el famoso caso de los criollitos está cerca de llegar a juicio. Pasaron cuatro años desde que a los Tribunales llegó la denuncia contra Gustavo Segre, quien entonces era jefe del bloque de Río Cuarto para Todos, y Verónica Abasolo, su secretaria, por la supuesta adulteración de una factura de una panadería. Originalmente, ese comprobante se había emitido por 12 pesos pero posteriormente se le agregó un 3 delante de la cifra y se convirtió en 312 pesos.

La falsificación del documento se produjo en septiembre de 2009 y en marzo de 2010 el fiscal Julio Rivero decidió elevarla a juicio. Sin embargo, la Cámara decidió entonces que la investigación no estaba completa. Ahora, más de tres años después de que el caso fuera devuelto al fiscal, Rivero entendió que la instrucción está completa y que hay elementos suficientes para sentar en el banquillo de los acusados al ex concejal y a su ex secretaria.

Actualmente, Segre se desempeña como asesor de la Presidencia del Concejo, que está a cargo de Claudio Miranda. Abasolo no desempeña funciones en la administración pública.

La resolución que ayer emitió Rivero por el caso de los criollitos es extensísima. Son 90 páginas de recopilación de pruebas y testimonios que el fiscal consigna para justificar el pedido de elevación a juicio por los delitos de adulteración de instrumento privado -atribuido únicamente a Abasolo-, uso de documento privado adulterado agravado y fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa.

Para el fiscal, se encuentran acreditados con el grado de probabilidad que requiere la instrucción los hechos que fueron denunciados originalmente por un empleado de la Secretaría de Economía, quien sospechó cuando vio que una factura por 1 kilo de criollitos ascendía a la desproporcionada suma de 312 pesos.

“Resulta altamente probable que la imputada Verónica Abasolo haya alterado la factura Nº 0001-00001168 de fecha 22 de septiembre de 2009 de la Panadería El Marquez, que se había extendido primigeniamente por 12 pesos, comportándose como la autora material de la misma mediante el agregado de un número tres en las columnas relativas al importe y al total, agregando, también de su puño y letra, la leyenda ‘trescientos doce pesos’ entre el mismo día 22 y el 25 de ese mismo mes”, dice el fiscal en la resolución en la que pide la elevación a juicio.

Según Rivero, después de la falsificación Abasolo habría actuado en conjunto con Segre para avanzar en la presentación de la factura adulterada y cobrársela a la Sub-Dirección General de Presupuesto. “Pretendió lesionar así las siempre alicaídas arcas municipales en 300 pesos”, se lee en la resolución.

Una de las pruebas que comprometen a los imputados es la serie de llamados que habrían hecho para tratar de recuperar la factura en la panadería. Además, la propia Abasolo habría ido hasta El Marquez después de que la denunciaran para tratar de convencer a las empleadas de que le dieran el comprobante duplicado, en el que constaba la cifra de 12 pesos.

Para el fiscal, está claro que Segre no fue quien adulteró la factura pero lo acusa de haber protagonizado una acción conjunta con quien entonces era su secretaria para defraudar al Estado.

Una de las explicaciones que dio el propio Segre cuando fue convocado a declarar es que el monto que aparece en la factura cuestionada no correspondió al gasto de un solo día sino al que se hacía mensualmente en la panadería. Pero el fiscal desestima esa explicación. Al comparar las dos facturas existentes en el expediente -el original y el duplicado-, señala que puede “inferir sin mayor esfuerzo que no se trató del pago de una factura mensual”.

Rivero además puntualiza que Segre era el máximo responsable del manejo de la caja chica que hacía su bloque legislativo.

Al enterarse de la resolución, Segre señaló ayer en declaraciones periodísticas que “es indignante el criterio del fiscal porque no es serio elevar a juicio la causa cuando se tienen elementos objetivos para haber dispuesto mi sobreseimiento”.

En declaraciones a Canal 13, el ex concejal indicó que las pericias caligráficas indicaron claramente que él no había tenido participación en la adulteración de la factura.

Ahora, el juez de Control deberá definir si el caso de los criollitos llega finalmente a juicio.