La comunidad Diaguita Calchaqui de El Divisadero repudió la orden de desalojo de la jueza María Toranzo. Mediante un comunicado lamentaron que desde hace más de una década la sufren el intento de despojo territorial, amenazas, aprietes y apremios, por parte de la Justicia y de los terratenientes Antonio Aban Abregú, Eduardo Tolaba y Héctor Herrera, entre otros, en contra de la autoridad tradicional de la comunidad (delegados de base, consejo de ancianos, consejo de jóvenes y miembros de la comunidad).

“En el marco de la plena vigencia del Derecho Indígena y del derecho colectivo que nos ampara como Pueblos Originarios, denunciamos estos hechos de violencia y repudiamos el accionar de la jueza María Virginia Toranzo de Lobaglioque, en el día de la fecha, ordenó un desalojo (Exp. N° 10000/12) en nuestro territorio ancestral, desconociendo el Relevamiento Territorial realizado en el marco de la Ley Nº 26160 y 26554,a través del cual se reconoce uestro derecho a la posesión actual pública y tradicional de dicho Territorio. La Jueza Toranzo nuevamente pretende desconocer y violar nuestro derecho colectivo, contemplado en la Constitución Nacional Art. 75 Inc. 17 y 22”, expresaron en un parte de prensa.

“En este espacio territorial se encuentra presente nuestro patrimonio cultural, histórico y ancestral – agregaron-, como andenes de cultivo, muros de contención, morteros, restos decerámicas y antigales (tumbas y urnas funerarias) donde están nuestros ancestros, los cuales dan muestras de nuestra permanencia desde siempre en este Territorio. La ley nacional de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico N° 25.743 y la ley provincial N° 6649 (régimen de los monumentos y museo histórico, arqueológico y paleontológico) amparan nuestros derechos”.

“Los terratenientes –precisaron-, avanzaron violando nuestro territorio comunitario con desmonte del bosque nativo y destrucción de sitios sagrados. Esto fue denunciado el 4 de marzo de 2013 en la Policía de Cafayate seccional N° 60 y en el juzgado”.

“Como puelo preexistente –enfatizaron-, somos los únicos herederos y guardianes de nuestro territorio y de nuestros bienes naturales”.

En este marco exigieron:

- La suspensión inmediata de la sentencia de desalojo hasta que no haya una sentencia firme de la causa.

- Que el Poder Judicial aplique de forma plena y efectiva el Derecho Indígena que nos ampara como Pueblos preexistentes.

- La Inclusión del Derecho Indígena en el Código Civil y la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

- Que la Justicia, las fuerzas de seguridad y los órganos provinciales y nacionales, brinden las garantías de seguridad jurídica y social necesarias a los Pueblos Originarios. Los responsabilizamos por cualquier acto que vulnere nuestro derecho.