La descentralización de la ciudad de Buenos Ai­res es lo más parecido al cuento de nunca acabar. Apesar de que la Constitución lo­cal creó en 1996 ese sistema de gobierno vecinal descentralizado, casi 20 años después no sólo está en pañales sino que su puesta en marcha definitiva peligra.

Como muestra de que las co­munas no pueden cumplir sus funciones plenamente, se cono­ció hace casi un mes un fallo de la Sala IIde la Cámara de Apelacio­nes en lo Contencioso, Administra­tivo y Tributario que obliga al Go­bierno a suspender la vigencia de las Unidades de Atención Ciuda­dana (UAC).

El fallo, apelado por el gobier­no, “suspende provisoriamente primero la aplicación del Decre­to 376/11, y luego declara defini­tivamente ilegítimas a las UACque creaba dicho decreto”.

¿Pero qué son las UAC? Según entiende la resolución judicial y los comuneros opositores, una exten­sión ilegítima de los Centros de Gestión y Participación que lo que pretenden es quitar poder a las co­munas. Para el gobierno local esas unidades son las que tienen que coexistir en los mismos edificios donde hoy funcionan las comu­nas para seguir prestando servicios descentralizados a los vecinos.

Vecinos y organizaciones de la Comuna 15 habían acudido a la Justicia el año pasado reclamando la “ilegitimidad de las UAC”, que fueron creadas por el Poder Ejecu­tivo por medio del decreto 376/11. “Tiene funciones similares a las de las comunas, como por ejem­plo ejercer la super­visión, coordinación y control de la pres­tación de servicios y gestionar y realizar el seguimiento de los reclamos, quejas, de­nuncias, solicitudes y trámites soli­citados por los vecinos distribuyén­dolos a las áreas competentes”, había argumentado Ondina Fraga, integrante de la Junta Comunal 6.

“Con este fallo, las juntas co­munales recuperan las funciones de coordinación de la atención al público y de ejecución de obras en el espacio barrial, las decisiones so­bre el sistema de poda y arbolado, el control sobre los espacios ver­des y el manejo de la cuadrilla de emergencia”, explicó el diputado Rafael Gentili (Proyecto Sur), presi­dente de la Comisión de Descen­tralización de la Legislatura e im­pulsor del amparo que derivó en la sentencia de la Cámara.

“Es un fallo definitivo, que re­suelve la cuestión de fondo. La Jus­ticia determinó que las UAC son la continuación, con otro nombre, de los CGPC. Esto explica por qué las juntas comunales parecen no existir ante la ciudadanía”, agregó Gentili.

Maru Lopes, representante co­munal de la Comuna 10 explicó: “Los CGPC cumplieron una fun­ción muy importante de transición pero ahora tienen que dejar lugar al sistema que establece la Consti­tución de la Ciudad. Y agregó: “No hay que confundir Rentas y los de­más servicios que hoy el vecino puede hacer cerca de su casa. Se­guirán siendo prestados por la ad­ministración central pero hay otros, como las mediaciones, el manteni­miento barrial y área de Niñez que se puede potenciar en los barrios. Eso es lo que reclamamos”.

Las comunas son unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica. Cada una está goberna­da por una junta comunal de sie­te miembros, según lo establecido por la Constitución local en 1996. Sus integrantes fueron elegidos por primera vez el 10 de julio de 2011, en los mismos comicios para

designar jefe de Gobierno y diputados porteños. El presidente de cada comuna cobra el 70 por ciento del sueldo bruto de un diputado porteño; mientras que el resto de los integrantes percibe el 60 por ciento del sueldo de un legislador.

A pesar de que los comuneros ya es­tán en funciones desde hace poco más de un año, su actividad es un tanto res­tringida por el momento. Uno de los pa­sos fundamentales es que se asuman las funciones que deberán ejercer en mate­ria, por ejemplo, de arbolado; pavimen­to; luminarias; veredas y mantenimiento de plazas. Pero, para poder hacerlo, las comunas necesitan contar con el traspa­so del personal y de la partida de dinero que corresponde en cada caso.

Según la Subsecretaría de Atención Ciudadana, al mando del proceso, el se­gundo semestre de este año será clave ya que desde ese momento se cristalizarán esos traspasos. ¿Pero cómo funciona?

En rigor, los comuneros no mane­jan dinero. Lo que debe hacer la jun­ta es determinar las prioridades del ba­rrio en las materias antes mencionadas siempre teniendo en cuenta las partidas que se fijaron en el presupuesto anual que el Poder Ejecutivo pre­sentó el año anterior. De ese modo, con el dinero asignado, deben determinar, por ejemplo, cuá­les son los árboles que deben podarse, en base al censo que realiza anualmente el Ministerio de Ambiente.

Con las veredas, las luminarias y las plazas se utilizará el mismo mecanismo. Sin embargo, al­gunos comuneros entienden que tal vez debería crearse una estructura administrativa que hoy no tienen. “Viene un vecino al consejo consultivo y cuando ve que no podemos hacer nada, la lógi­ca que aparece es la de concluir que la comuna no funciona. El problema es que la descentrali­zación no le conviene al Poder Ejecutivo enton­ces cada avance se ha dado con mandas judicia­les de por medio”, dijo Lopes.

Según entiende Gentilli, a partir de este fa­llo, los gobiernos comunales deberán hacerse cargo del mantenimiento de las calles (vías se­cundarias) y de los espacios verdes y de la administra­ción del patrimonio de los barrios. “Las comunas deben en­cargarse de las ta­reas propias de un municipio, como el arreglo de una ve­reda o el alumbra­do de una plaza, y el gobierno cen­tral ocuparse de las políticas de Estado, como lo hacen las provincias”, explicó el legislador.

“Por ejemplo, el enrejado en el Parque Cen­tenario es una decisión de la Comuna 6 y para ser tomada, por exigencia de la Constitución, hay que escuchar la opinión de los vecinos. Pasa lo mismo con el metrobús en la 9 de Julio: sólo pue­de ser llevado a cabo si los vecinos muestran su conformidad. Ahora la aplicación del fallo está en manos del Ejecutivo”, dijo el legislador.

El de Parque Centenario es un ejemplo cla­ve: hace 10 días la comuna decidió convocar a una consulta popular por el enrejado. ¿Qué pa­saría si los vecinos se manifiestaran en contra? ¿Hay que sacar las rejas?

Las juntas comunales compartirán el poder con el gobierno porteño. Sus competencias son las de planificar, ejecutar y controlar los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía. Le compete, en con­secuencia, el arreglo de veredas, baches, arbola­do y luminarias en calles y algunas plazas, pero no en avenidas, área de la que se ocupará la administración central. Hay otros 38 parques y pla­zas grandes que también quedan bajo la jurisdic­ción del Poder Ejecutivo.

El problema es que sin el financiamiento ni la totalidad de la decisión poco se puede avanzar. Mientras tanto, los vecinos, no saben aún para qué eligieron comuneros hace dos años.