El bloque del FCS del Concejo Deliberante de la Capital aprobó un proyecto por el que solicita al Ejecutivo Municipal y al Instituto Provincial de la Vivienda que informen sobre distintos aspectos vinculados con los terrenos que ya habría adquirido el IPV para la construcción de la ciudad satélite. Las actuaciones también fueron remitidas a la Fiscalía General, al Tribunal de Cuentas y al Colegio de Ingenieros Agrimensores.

Los ediles sostienen que existió una violación a las ordenanzas municipales vigentes y maniobras diversas para favorecer al grupo empresario que ofreció 300 hectáreas al IPV para la edificación de viviendas. Es por ello que el jueves 1 de agosto se aprobó un amplio pedido de informes al Ejecutivo Municipal, al sospechar que se habilitaron para la urbanización terrenos ubicados en la zona de La Quebrada y rodeados por el río Ongolí cuando se trata de una zona que tiene limitantes para la edificación.

En marzo el IPV convocó a licitación para la adquisición de terrenos. El dictamen de preadjudicación benefició a la oferta presentada por la sociedad que constituyen Yucuco SA (42,5%), Comercial El Tala SRL (42,5%); Antonio Villafañe (10%) y Pablo Augusto Acevedo (5%).

Ante la sospecha de que la habilitación de terrenos se realizó de manera irregular, los ediles aprobaron remitir todas las actuaciones a la Fiscalía General, que está a cargo de María del Milagro Vega, a los efectos de que “proceda a investigar la posible comisión de ilícitos penales”. El giro del expediente se efectuó la semana pasada y el trámite lo cumplió la secretaría Parlamentaria del cuerpo. También se remitió al Tribunal de Cuentas para que “proceda a efectuar el análisis legal pertinente y actuar en consecuencia. Antes, el organismo ya se había expedido cuando analizó el dictamen de preadjudicación que realizó el IPV.

Además, se remitió al Colegio de Ingenieros Agrimensores para analizar si los profesionales que actuaron en el expediente cumplieron con la ética profesional.

Los concejales opositores pusieron bajo la lupa la resolución de la Dirección de Catastro Municipal por la que se aprobó el plano de subdivisión y loteo de la parcela. “Dicha resolución adolece de defectos que la hacen nula por ser violatoria del ordenamiento jurídico municipal vigente”. Sostienen que el funcionario incumplió con la normativa y permitió la registración del plano de subdivisión y loteo.

 Los concejales fundamentan que la zona en la que se construirían las viviendas sociales está enclavada en un área especial, de acuerdo con la legislación municipal vigente.

 Manifiestan que cualquier intervención sobre dichas zonas requiere de informes favorables por parte de la Secretaría de Obras Públicas y la Comisión de Urbanización.

 Agregan que en la zona existe un yacimiento arqueológico, el Pueblo Perdido de La Quebrada, próximo a la zona de loteo que fue adjudicada. "Debe ser tratado como suelo no urbanizable".

 También sostienen que el Ejecutivo intentó direccionar un proyecto para habilitar la urbanización de toda la propiedad.