Para la Justicia, durante la fiesta Time Warp, en Costa Salguero, hubo una conjunción de presuntas irresponsabilidades de las personas que organizaron y las que debieron controlar el multitudinario encuentro de música electrónica, que terminaron provocando la tragedia en la que murieron cinco jóvenes por sobredosis.

Así lo entendió el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa, al ordenar anoche la declaración indagatoria de 28 sospechosos, a los que les prohibió la salida del país, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.Casanello decidió indagar a 19 integrantes de la Prefectura Naval, personal que prestó el servicio de policía adicional; al titular del predio de Costa Salguero, Néstor Bogado; al apoderado de Dell Producciones SA, Maximiliano Ávila; al responsable del plan de evacuación, Carlos María Garat; al apoderado de la empresa de seguridad Siseg, Ezequiel Venturino; al responsable de los accesos, Carlos Nicodema Penise; al responsable de socorristas, vinculado a la firma SEC SRL, Nahuel Chumbita, y a tres inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño. Por su parte, el titular de Dell Producciones, Adrián Conci, sigue prófugo.

La prohibición de salir del país para los 28 imputados se aplicó para "neutralizar la aparición de riesgos procesales", según explicó el juez en su resolución, publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ). "Lo dispuesto debe ir acompañado de un temperamento cautelar que permita asegurar la eventual reparación de los daños que habrían ocasionado tales sucesos, ello especialmente en cabeza de los responsables tanto del predio como de la organización y la seguridad privada del evento", sostuvo el juez al fundamentar la inhibición de bienes para parte de los imputados.

Casanello firmó las órdenes de indagatoria después de una inspección en el predio de Costa Salguero, donde estuvo acompañado por detectives de la Policía Federal. También convocó a los médicos del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) que, durante la madrugada del sábado, llegaron al lugar para socorrer a las víctimas.

Sobre los prefectos, sostuvo que "los distintos testimonios, prestados bajo juramento, y estas constancias documentales permiten vislumbrar el actuar del personal de la fuerza de seguridad designado en carácter de policía adicional, quienes como mínimo no ejercieron los controles prevencionales propios de su función y actuaron en forma coordinada con el personal de la seguridad privada".

Fundamentos

Según se desprende de la resolución, para Casanello hubo una conjunción de hechos que provocó las cinco muertes. El juez se basó en lo que sostuvo el fiscal federal Federico Delgado en sus dictámenes, sobre la base de los dichos de testigos: que la revisación era escasa; que no bien se entraba en la fiesta los vendedores de drogas recibían a la gente ofreciendo "keta, LSD, éxtasis, cocaína y Superman"; que el lugar se encontraba hacinado, con poca ventilación y mucho calor, así como también que escaseaba la bebida.

Además, según los testigos, "más allá de la falta de bebida, también se cortó la red de agua corriente a la madrugada, y los organizadores del evento tardaron en reaccionar; dijeron que las personas a cargo de la fiesta adoptaron una actitud indiferente ante lo que ocurría, que sólo miraban y oían los gritos de auxilio". Si bien el SAME se hizo presente, se los convocó cuando ya era tarde.

Casanello afirmó: "Como consecuencia de estos hechos fallecieron cinco jóvenes, dos en el predio mismo de la fiesta, y los tres restantes en los nosocomios a los que fueron trasladados. Y otros tantos aún presentan un grave estado de salud, que los mantiene internados en terapia intensiva".

Anteayer, el fiscal Delgado había solicitado las indagatorias de los prefectos Alberto Gabriel Pandiani, Adrián Álvarez e Ivana Gómez (son tres de los 19 que deberán presentarse). Los acusó de haber actuado "en connivencia o coordinación" con la seguridad privada del evento a fin de facilitar o no entorpecer el consumo indiscriminado de drogas sintéticas.

Delgado tomó nota de que a partir de las 3 -horas antes del desenlace fatal- un vigilador conocido como "el Chino" -ahora identificado como Nicodema Penise- le entregó al prefecto Pandiani -que supervisaba a otros 19 efectivos en el lugar-una bolsa con estupefacientes que habían sido incautados en requisas a varios de los asistentes a larave.

Pero, a pesar de eso, y de la posterior muerte de los jóvenes que habían consumido las pastillas Superman, los agentes federales que estaban en la Time Warp no dieron aviso a la Justicia. Recién a las 18 del sábado, la Policía Federal abrió la bolsa que le habían entregado a la mañana los prefectos y advirtió que contenía "gran cantidad de sustancias, pastillas de todo tipo, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana". Los prefectos, como agentes de aplicación de la ley, estaban obligados a intervenir de oficio ante la incautación de la droga y no lo hicieron.

Ayer, la ministra Patricia Bullrich negó que Prefectura haya quedado teñida por su rol en la fiesta electrónica, pero apuntó a un problema: los "adicionales". "Prefectura no estaba trabajando como fuerza de seguridad, sino como fuerza de seguridad contratada por la fiesta. Hay una incompatibilidad concreta", señaló. "Necesitamos terminar con ese sistema y trabajar para que las fuerzas de seguridad puedan tener un sueldo digno y no necesiten de adicionales, o si hay adicionales, determinar las incompatibilidades", completó.