El gobernador Alberto Weretilneck admitió la complejidad para solucionar la deuda previsional de la provincia de Río Negro por 80 millones a raíz del incumplimiento en los aportes patronales y personales, centralizados en la regularización para 8.300 estatales a jubilarse en los próximos 10 años.

Habló de "una salida sensata" y que "llevará su tiempo", recordando que esta situación se originó porque los gobiernos radicales otorgaron aumentos con sumas no remunerativas.

Por su parte, UPCN remitió una nota al gobierno para que se gestione ante ANSES establecer una "moratoria especial" para cumplir así con la ley 4.640, que obliga al Estado provincial al pago de los aportes de la totalidad de sus salarios cuando el empleado ingrese en los últimos 10 años para jubilarse. La misiva, que firma el secretario general, Juan Carlos Scalesi, consigna que esa medida permitiría a los agentes pagar su deuda con el descuento de sus futuros haberes previsionales.

El cumplimiento de la ley 4.640 -que fue sancionada hace más de dos años- requiere 80 millones de Río Negro para pagarle a la AFIP por los aportes de las sumas salariales no remunerativas de los 8.300 agentes con menos de 10 años por jubilarse. Esta suma corresponde a 39 millones de aportes patronales del Estado y 41 millones de las contribuciones de los agentes involucrados.

Complejidad

Ayer, Weretilneck habló de la "complejidad del tema" y culpó a los radicales ya que "sus aumentos salariales fueron no remunerativos" frente a las subas al básico de su administración. "Nos han metido en un atolladero", declaró en Radio Nacional Viedma.

"Ahora, hay que blanquearlos, con costo para el Estado y el trabajador. Llevará su tiempo, la solución no será fácil y los beneficios no son grandes, espe- cialmente en los trabajadores que le quedan dos o tres años porque el cálculo jubilatorio se aplica sobre los últimos 10 años. Hay que estudiarlo bien y trabajarlo con Anses", declaró mientras aludió que ya lo habló con el senador Miguel Pichetto.

En LU 19, el gobernador insistió con la carga en los haberes de los agentes.

Explicó que la complejidad consiste en que "el Estado gastará más dinero y los trabajadores percibirán menos". Insistió en la búsqueda de una salida "inteligente y sensata".

Además de esa deuda, la regularización exigirá su impacto mensual de unos 8,4 millones, a partir de los 4,5 millones de aportes del Estado patronal y 3,9 millones de contribución de los empleados.

Esta deducción derivaría en bajas promedios de 600 pesos para los estatales.