Jueces, periodistas, miembros del universo católico, referentes de organizaciones sociales, empresarios, gremialistas, diputados, intendentes, gobernadores y hasta ex presidentes de la nación, son parte de los espiados en un nuevo escándalo de espionaje ilegal. La causa tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora, está a cargo del juez Federico Villena, y a esta altura ya es tan voluminosa como contundente. En su haber acumula tanto prueba directa como indirecta y hasta un involucrado que confesó los vínculos con la inteligencia durante el gobierno de Cambiemos.

La hipótesis inicial de la investigación es la de una posible organización criminal, dentro del Estado Nacional, dedicada a la realización de actos de espionaje interno, prohibido por la ley, tal como confirmaron a PERFIL fuentes con acceso al expediente. El caso comenzó el 11 de diciembre de 2018 y hoy pone bajo la lupa a la cúpula de la Inteligencia macrista. La misma es objeto de otra investigación desde la última semana, tras la presentación de la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño. 

Pero si la magnitud del material relevado ya es importante, la dimensión que puede tomar es aún mayor ya que la prueba recolectada en distintos procedimientos y allanamientos, aún no ha sido analizada en su totalidad. La causa se encuentra en secreto de sumario.

La investigación que pone la lupa el accionar de la AFI macrista, que tuvo en su conducción a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, comenzó luego de un anónimo recibido en diciembre de 2018, por un caso de narcotráfico. De aquel primer escrito que ponía de manifiesto el accionar de una organización vinculada a la venta de droga se pudo determinar que el líder de la organización criminal era Sergio Rodríguez, alias “Verdura” o “Tomate”. Con el devenir de la investigación, Rodríguez se transformó en el eslabón que unió ese caso de narcotráfico con la trama que pone contra las cuerdas el accionar de la AFI. 

En ese primer tramo se realizaron distintos allanamientos y se detuvo a un grupo de personas por el caso de narcotráfico, mientras que Rodríguez quedó prófugo luego de escaparse de tres procedimientos realizados para detenerlo. La justicia dispuso entonces su búsqueda: seguimientos, obtención de fotos, videos, y escuchas telefónicas.

La jueza Servini aseguró que "el Gobierno tiene que poner fin al espionaje ilegal"

El 20 de febrero de este año, cercado, sin recursos y con su organización desbaratada, Rodríguez se entregó. Lo hizo previa condición de que fuera en presencia de Villena, porque temía por su vida.

Entre la abrumadora prueba recolectada en el expediente en su contra y buscando mejorar su situación judicial, Rodríguez decidió confesar y aportar  a la causa elementos que permitieron continuar con la investigación. Fue entonces que contó que buscando expandir su negocio de venta de droga en Lanús, conoció a un abogado que mantenía relaciones con “barras” de un reconocido club de fútbol, quien le habría manifestado que pertenecía a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y según sus dichos “ese organismo de inteligencia podía darle cobertura e incluso le conseguiría una credencial de esa institución para que pudiera manejarse 'con libertad'”.

Ahí entra en juego otro evento que tiene bajo la lupa el accionar de la anterior dirección de la AFI. Porque ese abogado le habría dicho a Rodríguez que necesitaba que lleve un “paquete” y lo “deje en un lugar”. Y fue ese mismo abogado quien interrogó a Rodríguez respecto de si se encontraba en condiciones de asesinar a alguien por encargo.

Rodríguez confesó que efectivamente llevó este paquete hasta la puerta de un edificio sobre la Avenida Callao y que al verlo se dio cuenta que se trataba de una bomba, pero que la persona que lo llevó hasta allí le dijo que se quedara tranquilo, que no podía explotar porque “la intención era darle “un susto” a alguien”. Contó que lo llevaron en un Peugeot 207 blanco. Que se bajó, dejó el paquete y se retiró de la escena. 

Hay sospechas y paranoia de espionaje en Cambiemos

El hecho, ocurrido en julio de 2018, fue el ataque intimidatorio a José Luis Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa. El caso es investigado por la justicia federal de Comodoro Py, donde está en manos del juez Sebastián Ramos y el fiscal Guillermo Marijuán. En tanto que Vila realizó fuertes declaraciones esta semana en la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Con los datos aportados por Rodríguez se abrió una línea de investigación sobre el abogado y se logró determinar: en primer lugar, “que efectivamente se trataba de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia; en segundo lugar, que contaba con un Peugeot 208 color blanco (muy similar al modelo 207) y que tenía contactos con barras bravas de clubes de fútbol”, especificaron fuentes judiciales. A partir de eso se empezó a realizar tareas de seguimiento del abogado por parte de la justicia. Pero el abogado, por alguna filtración, tomó conocimiento de la investigación e interpuso una acción de hábeas corpus en un Juzgado Nacional de la Capital Federal. “Ante la urgencia y el riesgo serio e inminente de pérdida de prueba valiosa para la investigación se ordenó el registro de los domicilios del investigado. Así, se secuestró su teléfono celular”. De allí surgieron conversaciones donde daba cuenta de haber practicado tareas de espionaje interno a distintas personas y organizaciones. También se descubrió un documento nombrado como “sustooo.doc” que contenía una descripción objetiva del suceso ocurrido con el artefacto explosivo mencionado por Rodríguez. Los hallazgos fueron elocuentes y lo que viene promete serlo aún más.